La creación del Arco Minero,
mediante el decreto N° 2.248, ha generado todo tipo de pasiones incluso en el
seno del chavismo. No solo figuras eminentes del gabinete de Hugo Chávez como Ana
Elisa Osorio y Héctor
Navarro han
rechazado fuertemente la creación de este espacio en el estado Bolívar. El
Partido Comunista, que forma parte del Gran Polo Patriótico, también ha
criticado que se le “entregue” parte del territorio nacional al capital
extranjero.
A pesar de esto, el Gobierno
de Nicolás Maduro sigue adelante con este decreto
aspirando a obtener ingresos por el orden de los 20.000 millones de dólares.
Para esto recientemente firmó
39 concesiones más para la explotación y además se solicitó la restitución de
la Certificación Kimberley,
un sistema de certificaciones diseñado para evitar que diamantes conflictivos
entren en el mercado, es decir, los llamados “diamantes de sangre”.
Venezuela se retiró en 2008,
debido a la carencia de estadísticas, y a una débil explotación en las zonas
diamantíferas, además de acusaciones sobre producción ilegal.
Con la renovación de esta
certificación, el Gobierno estima ingresos de 10.500 millones de dólares, así
como alianzas en el Arco Minero del Orinoco,
donde se estima que existen alrededor de 3.000 millones de quilates de
diamantes, lo que arrojaría una rentabilidad potencial cercana a los 2
trillones de dólares, según calculó el ministro Roberto Mirabal.
El 60 % de los recursos
obtenidos a través del Arco Minero serán destinados al Fondo Nacional de
Misiones, con la finalidad de lograr el desarrollo integral de la nación según
lo decretó el presidente Maduro.
A la fecha han sido cuatro
los acuerdos firmados con empresas transnacionales, que corresponden a las
empresas China Camc Engineering Co. Ltd.; Yakuang
Group de China; Afridiam de la República del Congo, y la
canadiense Gold Reserve para la explotación del Arco
Minero del Orinoco.
“EL GOBIERNO DICE QUE NO QUIERE UN RENTISMO PETROLERO
PERO AHORA, QUÉ QUIEREN, ¿BUSCAR UN RENTISMO MINERO A COSTA DE NUESTRO MEDIO
AMBIENTE?”
Ante este panorama, el
diputado y presidente de la Comisión Permanente de Ambiente de la Asamblea
Nacional, Julio César Reyes,
explica por qué esta instancia rechaza la creación de esta zona.
¿Qué consecuencias traería la
explotación del Arco Minero?
Estamos hablando de que están
en riesgo 112 mil hectáreas aproximadamente, 12 mil kilómetros cuadrados del
territorio nacional. Es decir, el 12 % del territorio venezolano, el 40 % del
estado Bolívar. Además, se ponen en riesgo las reservas de agua dulce más
importantes del país, donde está la cuenca madre, la cuenca del Caroní. También
se verían afectadas las reservas de bosques más importantes, con más de tres
millones de hectáreas, la reserva de Imataca. Yo creo que todo eso debe llamar
a la reflexión al Gobierno y lamentamos que a esta altura el Gobierno siga
empeñado en la explotación y exploración de todo lo que tiene que ver con este
Arco Minero. En todo caso, nosotros cumplimos con nuestra tarea como diputados.
Produjimos el Acuerdo y se constituyó una comisión mixta para la investigación
de todo esto, que es presidida por el colega Américo de Grazia y mi persona en
la vicepresidencia. Hemos estado trabajando y en los próximos días debe
presentarse un Proyecto de Ley importante que tiene que ver con la protección
específica de toda esta área y creo que es un gran aporte el que vamos a dar.
Ese decreto que crea el Arco Minero es inconstitucional, por cuanto es un
asunto de interés nacional y el mismo no fue aprobado por la Asamblea Nacional.
Estas empresas trasnacionales deberían atenerse a las consecuencias de lo que
esto implica ya que para nosotros, están de manera ilegal.
La exministra Ana Elisa
Osorio ha sido una férrea detractora del Arco Minero. ¿Ella ha participado en
esta comisión?
Sí. De hecho, en la próxima
sesión, estarán invitados cuatro exministros de Ambiente quienes han trabajado
en este Proyecto de Ley y otras cosas que tienen que ver con la investigación
que llevamos.
¿Han mantenido contacto con
las comunidades afectadas por este decreto? ¿Han recibido sus denuncias?
Hemos recibido a varias
comunidades, consejos comunales y sus denuncias serán plasmadas en ese informe.
¿Cuáles son esas denuncias y
cómo afectan a las comunidades del estado Bolívar?
Denuncias en cuanto a la afectación
de la calidad de vida. Además, no han sido consultadas las etnias que hacen
vida allí, que lo establece el artículo 129 de nuestra Constitución, así como
establece que tiene que haber un estudio de impacto ambiental y darse la
consulta. Nada de eso ha ocurrido. De allí la gravedad del asunto.
El Gobierno aprobó 39
concesiones más y la restitución de la certificación Kimberley, que en este
momento de crisis aportará nuevos ingresos al país. ¿Cuál es la crítica puntual
con respecto a este decreto? ¿Que no haya pasado por la Asamblea?
Así hubiese pasado por la
Asamblea, habríamos dado el debate y lo hubiésemos rechazado porque el Arco
Minero contraviene normas constitucionales. No estamos en contra de que el
Gobierno busque la forma de auxiliarse y conseguir recursos necesarios para el
país pero esos recursos no serían suficientes para reparar el daño ambiental
causado. Y no solo el daño en el presente sino para las generaciones futuras.
El Gobierno dice que no quiere un rentismo petrolero pero ahora, ¿qué quieren?,
¿buscar un rentismo minero a costa de nuestro medio ambiente?
Distintas ONG introducen una
demanda contra el Arco Minero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Qué buscan estas denuncias?
Nosotros acompañaríamos
cualquiera de esas iniciativas. De hecho, hemos estado trabajando con Julio
Cesar Pineda, gran conocedor de la materia, para ejercer acciones en la Corte
Internacional ante el daño ecológico que se causaría. Se buscan unas medidas de
protección puesto que se están violentando normas y tratados internacionales. A
uno le cuesta entender al Gobierno. Ellos idearon el Plan de la Patria y ese
plan establece en su objetivo histórico número 5, que el Gobierno tiene como
meta “preservar el medio ambiente, salvar el planeta y preservar la especie
humana”. Entonces, se ven las contradicciones entre sus acciones y lo que dice
este plan y la Constitución. Por ejemplo, la industria petrolera se convirtió
en el mayor contaminante de nuestro país. Lo hemos denunciado y hemos girado
comunicaciones al presidente de PDVSA y tampoco hemos tenido respuesta. Son
muchas cosas que en materia de ambiente el Gobierno le adeuda a los venezolanos
¿Han tratado de establecer
contacto con las empresas que están trabajando en el Arco Minero?
Se les ha mandado oficios y
se les ha participado cuál es la situación de ilegalidad de ese decreto, al
igual que a las embajadas de donde son esas empresas. Eso es un trámite que se
hace a través de la directiva del Parlamento y sé que varios embajadores han
desfilado por allá.
“12 % DEL TERRITORIO VENEZOLANO ESTÁ EN RIESGO”
¿Manejan alguna posición
clara de estas empresas sobre esta situación?
No la tenemos pero la hemos
participado.
En cuanto a la reforma a la
Ley de Ambiente que fue sancionada, ¿qué aspectos contiene? ¿Plantea sanciones?
Esta reforma fue aprobada por
unanimidad en el seno de la Comisión y en ella se están incorporando ocho
artículos nuevos. Donde, por ejemplo, se hace una aclaratoria de lo que es
gestión y conservación ambiental que son cosas distintas. Entendiendo que la
gestión es el conjunto de actividades administrativa y de políticas públicas
que se desarrollan para llevar a cabo la preservación del ambiente y
conservación, son las medidas que se adoptan producto de esas políticas.
Anteriormente, se referían a ambas como sinónimos y había confusión. Aunque es
algo que parece sencillo, había que aclararlo. Además, estamos cumpliendo con
la Ley en cuanto a darle importancia al poder local. Así, un alcalde pueda
tener potestad para proteger un área ambiental específica. Otra cosa importante
que estamos agregando es la no prescripción de los delitos ambientales.
Venezuela
desfasada
Recientemente se llevó a cabo
en Marruecos la Cumbre 22 sobre el cambio climático, ¿en qué estatus está
Venezuela?
Hemos tratado de buscar
información porque a estas alturas, no sabemos si Venezuela suscribió o
ratificó el cumplimiento de esas normas. Hasta hace 15 días lo desconocíamos y
es información que hemos pedido. Cuando se produjo el Acuerdo de París, la
Asamblea pasada respaldó ese acuerdo convirtiéndolo casi en una Ley pero luego
los países debían ratificar esas normas y no sabemos si Venezuela lo hizo.
Nosotros hemos venido trabajando porque nuestro país necesita una Ley de cambio
climático. Para eso, hemos hecho seminarios con la Unión Europea y las
embajadas británica, alemana y francesa.
¿Sabe si alguna de esas
medidas del Acuerdo de París se han implementado en las empresas estatales como
PDVSA?
No. En nuestro criterio, no
se están implementando. Al contrario, se están haciendo cosas distintas a lo
que es el cumplimiento de esas normas.
¿Y en las empresas privadas?
Hemos pasado oficios y nos
hemos reunido con varias cámaras. La diputada María Gabriela Hernández ha hecho
un trabajo importante en ese sentido que será presentado en la plenaria
próximamente.
¿Manejan cifras del impacto
ambiental por la emisión de gases invernadero? ¿Se maneja el porcentaje que
produce el país?
No. De hecho una de las
tareas de la República es tener el inventario de las emisiones de efecto de
gases invernadero. Eso fue suscrito en Paris y está en mora. Venezuela debe
tener informes con esta data y no se tienen.
Dec 29, 2016
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