En las últimas décadas asistimos a una
creciente securitización de los riesgos de catástrofes. Esta situación ha
reconfigurado las tradicionales y estrechas relaciones entre capitalismo,
Estado y naturaleza, en un contexto de crisis fiscal que se vuelve cada vez más
estructural. Esta crisis fiscal lleva a los Estados a tener que financiarizar
cada vez más los seguros contra riesgos climáticos, mediante procesos de
titulización que representan una alternativa a los impuestos y la solidaridad
nacional. De este modo, los Estados habilitan nuevas formas de financiarización
de la vida que alcanzan a las poblaciones más pobres del planeta.
La
explotación de los recursos naturales ha sido desde siempre una condición
necesaria para la acumulación de capital. Como ha mostrado recientemente
Timothy Mitchell en su libro Carbon Democracy [Democracia del
carbono], ningún sector de las sociedades modernas escapa a la influencia de
los combustibles fósiles (carbón, petróleo), incluidas las instituciones
democráticas1.
La
aparición de estas instituciones, de hecho, ha sido posible gracias a la
existencia de ciertos tipos de conflictos sociales desde el siglo XIX, los
cuales habrían sido inconcebibles sin el sistema de energía basado en el
carbono dominante desde hace dos siglos.
En
la modernidad, la relación entre el capitalismo y la naturaleza nunca es inmediata.
El Estado cumple una función intermediaria o de interfaz entre los dos. Toda la
historia del Estado moderno puede ser releída a la luz de esta idea. Bajo el
capitalismo, la relación entre la acumulación de capital y la naturaleza
siempre es moderada o articulada por el Estado. ¿Por qué? En primer lugar,
porque la lógica del capital es ciega y carece de límites. Abandonado a sí
mismo, se aprovecha de los recursos que tiene a su alcance –naturales u otros–
para agotarlos. Además, es incapaz de manejar los efectos nefastos del proceso
productivo: contaminación, agotamiento de reservas, daños a la salud, crisis
económicas, conflictos, etc. Para hacer frente a todo esto está el Estado. Al
regular el acceso a los recursos y hacerse cargo de las consecuencias negativas
del desarrollo, obra en favor de los intereses a largo plazo de las clases
dominantes y permite que la naturaleza pueda ser explotada de forma durable.
Pero
el Estado capitalista también tiene la función de construir la naturaleza.
Esta, para ser explotada de forma permanente, primero debe ser organizada o
«configurada». Por ejemplo, en el plano legal, el Estado entrega derechos de
propiedad sobre las especies naturales o sobre las partículas de CO2, en el
marco de la mercantilización de la biodiversidad o de los mercados de carbono.
Así, autoriza a los operadores privados a sacar beneficios de su negocio. O en
el plano estadístico: contabilizar y administrar los recursos naturales es una
obsesión del Estado al menos desde los fisiócratas del siglo XVIII (fisiocracia
significa «gobierno de la naturaleza»). El Estado organiza entonces la
naturaleza y la pone a disposición del capital. Generar valor capitalista
supone producir y destruir constantemente la naturaleza. El capital, sin
embargo, no puede hacerlo solo, necesita para ello del concurso de una entidad
a la que pueda encomendar las tareas que él no puede cumplir: el Estado. El
capitalismo, la naturaleza y el Estado, por lo tanto, constituyen en la
modernidad un tríptico indisociable. Por esa razón, el tema central para todo
movimiento ecologista digno de ese nombre es la cuestión del Estado.
Los microseguros a la ayuda de la
rentabilidad
Uno
de los sectores donde esta imbricación entre el mercado, el Estado y la
naturaleza aparece hoy con más claridad es el de los seguros, en particular,
los microseguros. Pero ¿de qué se trata esto?
En
caso de desastres naturales o industriales, las aseguradoras tienden a
incrementar las primas de los seguros, a veces llevándolas a precios
prohibitivos. Esto produce un efecto de exclusión, ya que desmotiva a los
individuos a asegurarse debido a las primas excesivas, lo que estrecha el
mercado y obliga a las aseguradoras a aumentar aún más sus primas debido a la
insuficiente demanda. Este problema es especialmente grave en los países
pobres. La existencia de un mercado de seguros supone la presencia de un número
suficiente de personas que disponen de los medios para asegurarse; de lo
contrario, los riesgos resultan insuficientemente diversificados y, por tanto,
las aseguradoras no pueden pagar en caso de catástrofe. En los países en
desarrollo, el umbral mínimo rara vez se alcanza. A veces, además, ocurre que
el marco jurídico es defectuoso; la aparición de un mercado de seguros en
ausencia de un marco jurídico estable es problemática. La «financiarización» de
los seguros de riesgos climáticos representa una manera de superar estos
obstáculos para las compañías de seguros y los gobiernos.
Un
ejemplo: el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha emitido un derivado
climático para que el gobierno etíope pueda sostener a su población en caso de
sequía y pérdida de cosechas. Etiopía es víctima de sequías recurrentes,
agravadas por el cambio climático 2. Estas llevan a hambrunas, que el gobierno etíope
no tiene medios para afrontar y de las que se hace cargo a menudo el sector
humanitario. El derivado climático emitido por el PMA se presenta como una
alternativa tanto a la asistencia gubernamental directa como a la ayuda
humanitaria. Se trata de una forma de seguro que se conoce como «basado en
índices» (index based insurance).
«Basado
en índices» significa que su disparador es una escala graduada, por ejemplo
respecto de la temperatura o la pluviometría, la cual, si supera cierto umbral,
implica una indemnización. Sistemas de seguros de este tipo también existen en
Bolivia, la India y Sudán y son activamente promovidos por las organizaciones
internacionales. Forman parte de un sistema en auge en la actualidad, el de los
microseguros, que es el equivalente al microcrédito en el sector de los seguros3. El microseguro es síntoma de la actual financiarización de
la vida cotidiana4.
La proliferación de desastres naturales debido al cambio climático promete un
futuro brillante para este sector.
Los
microseguros, como su nombre lo indica, se centran en pequeños montos y atañen
a poblaciones pobres, que sin embargo pueden padecer importantes pérdidas
debido a los desastres naturales. Como en el caso del microcrédito, la gestión
es comunitaria, en el sentido de que la responsabilidad del pago de las primas
se controla de forma colectiva. Contemplan diversas áreas de riesgo: salud,
pérdidas de cosechas o ganado, inundaciones, etc., e incluyen entre 150 y 200
millones de personas hasta la fecha. Munich Re –la reaseguradora más grande del
mundo– ha publicado varios volúmenes sobre microseguros en colaboración con la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)5.
Esta colaboración entre el sector privado y el público, es decir, las
organizaciones internacionales, es una constante en la industria de seguros. El
objetivo declarado, como siempre, es proteger a los más pobres, pero recaudar
las primas, aunque sean microscópicas, de millones de agricultores pobres de
todo el mundo no es algo ajeno a los intereses del número uno del mundo de los
reaseguros para este sector. Los microseguros pueden ser considerados una forma
de «acumulación por desposesión», como apunta David Harvey6.
El principio es siempre el mismo: en un periodo de baja en la tasa de
ganancias, de crisis del capitalismo, ¿cómo hacer rentables los sectores de la
vida social y de población que escapan al mercado?
La
rentabilidad es una construcción política. Las organizaciones internacionales
que operan en el campo del desarrollo, asociadas a las empresas privadas,
despliegan desde hace alrededor de una década «modelos de mercado para los
pobres»7. Esta tarea se inscribe en la ideología del
empoderamiento (empowerment) –o «responsabilización»– de los pobres, que
se supone debe hacerles recuperar el control de sus vidas. El microcrédito y
los microseguros se originan en este enfoque. El método implementado consiste
en hacer solventes –por tanto, rentables– a sectores de la población que, por
ser demasiado pobres, no pueden integrarse en el mercado debido a la falta de
recursos. Para ello deben cumplirse dos condiciones: en primer lugar, los
mercados para los pobres deben desplegarse a gran escala, es decir, involucrar
a millones de personas. El importe de una prima de seguro que puede permitirse
un campesino indio o boliviano es extremadamente bajo. En segundo lugar, la
sumatoria de las primas cobradas por las aseguradoras para que puedan cubrir
enfermedades y desastres, y de paso obtener ganancias, debe ser de un nivel
suficiente. Conclusión: las primas deben ser numerosas. Que estos modelos de
mercado se dirijan a los países altamente poblados hace que la operación no
solo sea factible, sino también económicamente jugosa para las aseguradoras.
La
integración de los pobres al mercado de los seguros a menudo supone que las
primas de seguros estén subvencionadas por el Estado, al menos en un comienzo.
Este es el mecanismo denominado «asociaciones público-privadas» (o public-private
partnerships, PPP), que es uno de los pilares del régimen de seguros
neoliberal, cuyas manifestaciones encontramos hoy en día en todos los sectores
de la economía, por ejemplo en la construcción de escuelas o en la
administración de prisiones. Otro gigante de la industria de los reaseguros,
Swiss Re, ha publicado en 2011 un informe titulado «Closing the Financial Gap. New
Partnerships between the Public and the Private Sectors to Finance Disaster
Risks» [Cerrar la brecha financiera. Las
nuevas asociaciones entre el sector público y el sector privado para financiar
los riesgos de desastres]8.
La «brecha» financiera que se menciona en este título es la que separa a los
agricultores pobres de los países en desarrollo de la «asegurabilidad», es
decir, de la rentabilidad para las aseguradoras. De acuerdo con Swiss Re,
corresponde a los Estados salvar esta brecha, es decir, llevar al agricultor
pobre o al habitante delbidonville global al mercado, para que las
aseguradoras puedan asegurarlo. La reaseguradora suiza presenta varios argumentos
para convencer a los Estados. Un campesino sin seguro, por ejemplo, es menos
productivo. Sujeto a los avatares de la naturaleza o de las enfermedades,
tenderá a invertir menos en maquinaria y fertilizantes, y por tanto su
productividad tenderá a estancarse. Además, de todos modos, esto es en última
instancia responsabilidad del Estado, pues si se destruye la cosecha o si el
campesino se enferma, será su apoyo el que buscará. Es la razón por la cual
Swiss Re sugiere que el Estado vuelva obligatorios estos seguros privados. Como
lo ha mostrado Michel Foucault, el neoliberalismo tiene poco que ver con el laissez-faire y
todo que ver con la intervención permanente del Estado en favor de los
mercados.
La privatización de los seguros: las
obligaciones catástrofe «soberanas»
La
importancia del Estado como interfaz o intermediario entre el capitalismo y la
naturaleza se constata igualmente en el caso de otra categoría de instrumentos
financieros «vinculados a la naturaleza»: las «obligaciones catástrofe» (cat
bonds), y especialmente las obligaciones catástrofe denominadas
«soberanas».
Una
obligación es un título de crédito o una fracción de deuda intercambiable en un
mercado financiero, que es objeto de una cotización (que tiene un precio que
fluctúa). Una obligación puede ser pública, y entonces es un bono del Tesoro, o
puede ser emitida por una entidad privada. Las obligaciones de catástrofe son
fracciones de deuda cuya particularidad es proceder no de una deuda contraída
por un Estado para renovar su infraestructura o por una empresa para financiar
la innovación, sino de la naturaleza y de las catástrofes naturales. Lo que las
subyace, en definitiva, es la naturaleza. Atañen a una catástrofe natural que
aún no se ha producido, que es posible pero no seguro que se produzca, y que
sabemos que ocasionará daños materiales y humanos significativos. El objetivo
de las obligaciones catástrofe es dispersar los riesgos naturales lo más
ampliamente posible en el espacio y el tiempo, a fin de hacerlos financieramente
imperceptibles.
La
mayoría de las obligaciones catástrofe emitidas hasta la fecha lo han sido por
aseguradoras y reaseguradoras, que desean protegerse contra los costos
potenciales de las catástrofes. Sin embargo, desde mediados de la década de
2000 surge una nueva tendencia, que consiste en que los Estados emitan
obligaciones catástrofe. Esto es lo que los teóricos del seguro llaman
«obligaciones catástrofe soberanas», del mismo modo que se habla de la deuda
soberana9. Esta tendencia es promovida activamente por
organizaciones internacionales que operan en el sector de la economía, en
primer lugar el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE). La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
también dispone de una secretaría para la reducción de riesgos, creada en 1999,
que implementa una estrategia internacional para la reducción de desastres: la
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNISDR, por sus siglas en inglés)10.
México
ha emitido en 2006 una obligación catástrofe que le permite cubrirse en caso de
terremoto. En 2009, el país ha decidido incluir los huracanes en el dispositivo,
lo que dio lugar a un programa llamado multi-cat, es decir, que
cubre una multiplicidad de potenciales catástrofes11. México es vulnerable a muchos peligros, naturales
o no: los huracanes, particularmente en la región del Golfo de México, pero
también los terremotos, los movimientos tectónicos o la actividad volcánica; el
volcán Popocatépetl, que domina la ciudad de México, ha vuelto recientemente a
entrar en actividad. El terremoto de magnitud 8,1 que sacudió esa ciudad en
septiembre de 1985 tuvo un saldo de más de 10.000 muertos y 30.000 heridos, y
el daño se estimó en 5.000 millones de dólares.
En
México, como en otros países, el Estado es el asegurador de última instancia en
caso de catástrofe natural. La indemnización a las víctimas se hace sobre el
presupuesto federal, es decir mediante los impuestos, sobre la base de un
principio de solidaridad nacional consustancial al Estado-nación moderno. Es el
mismo principio que prevalece, en ciertos países, en sectores como la salud y
las pensiones. El aumento de la ayuda humanitaria en el último cuarto del siglo
XX completa este dispositivo con una participación privada, a cargo de ONG,
cuya dimensión es a menudo proporcional a la conmoción suscitada por la
catástrofe en la opinión pública internacional. Organizaciones internacionales
como el BM o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
también es probable que intervengan.
El
gran número de catástrofes naturales ha llevado al gobierno mexicano a crear en
1996 un Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Este fondo interviene tanto a
corto como a largo plazo: procura ayuda financiera de emergencia a las víctimas
en los primeros momentos después de una catástrofe y financia luego la
reconstrucción de la infraestructura. El Fonden es un fondo jurídicamente
independiente, pero financiado por el presupuesto del Estado. Hasta principios
de la década de 2000, el sistema ha funcionado de manera adecuada, debido a que
los desastres naturales significaron costos relativamente bajos. Sin embargo, a
partir de entonces, una serie de catástrofes que implicaron costos exorbitantes
se abatió sobre el país. Así, en 2005, por ejemplo, el gobierno federal había
planeado invertir 50 millones de dólares para ayuda en caso de desastre y
terminó gastando 800 millones12.
En
este contexto, ha surgido la idea de «titulizar» (o «securitizar») los
desastres climáticos de México. Bajo la égida del BM, que cumple el rol de
«coordinador global», los protagonistas del programa multi-cat dieron
comienzo a una serie de reuniones y negociaciones. Solo gente «importante» se
sentó a la mesa: el Ministerio de Hacienda de México y representantes de
Goldman Sachs y Swiss Re Capital Markets, encargados de vender el programa a
los inversores. Múnich Re también está involucrada, así como dos grandes
bufetes de abogados estadounidenses, Cadwalader, Wickersham & Taft y White
& Case. La agencia de modelización a cargo de establecer los parámetros
para la puesta en marcha de la obligación catástrofe es Applied Insurance
Research (AIR). Esta desarrolló dos modelos, uno para terremotos y otro para
huracanes, que especifican cada vez la ubicación geográfica del suceso (la
trayectoria, en el caso del huracán) y sus características físicas: magnitud en
la escala de Richter y profundidad en el primer caso; velocidad del viento en
el segundo. Una vez registrado el bono catástrofe (cat bond) en las
Islas Caimán por Goldman Sachs y Swiss Re, como una entidad de propósito
especial (special purpose vehicle), fue vendido a los inversionistas
durante el road show –así se llama la presentación de un nuevo
producto financiero en el mercado– organizado por los bancos.
Cada
vez que ocurre un desastre en México, la agencia AIR se dedica a hacer los
cálculos para determinar si responde a los parámetros establecidos por los
contratantes y dar lugar a la puesta a disposición del monto. Así, en abril de
2010 un terremoto sacudió el estado de Baja California, en particular las
ciudades de Calexico y Mexicali, pero su epicentro se encontraba al norte de la
zona delimitada por el bono catástrofe13. Por lo tanto, el dinero de la obligación no fue
liberado y México continuó pagando intereses. Asimismo, un huracán azotó el
estado de Tamaulipas en junio de 2010, pero su poder era menor que el umbral
predeterminado; una vez más, el dinero no fue liberado. Es habitual que se
lleven a cabo negociaciones cuando ocurre una catástrofe. En 1999, se
celebraron amplias conversaciones entre aseguradoras y asegurados para definir
si Lothar y Martin, los huracanes que asolaron Francia, eran uno o dos
huracanes14. Las aseguradoras insistían en que se trataba de
un solo fenómeno meteorológico a fin de pagar indemnizaciones una única vez.
La
introducción de los bonos catástrofe soberanos también opera en Asia. Esto es
lo que revela un informe de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN, por sus siglas en inglés) aparecido a fines de 201115. La ASEAN incluye a Tailandia, Indonesia, Malasia,
Singapur, el Sultanato de Brunei, Vietnam, Birmania, Camboya, Laos y Filipinas.
Esta región se encuentra muy expuesta a las catástrofes naturales, y es
probable que el cambio climático aumente el número y la potencia de los desastres
futuros. En la medida en que algunos de los países de la ASEAN son musulmanes
–Indonesia es el país musulmán más grande del mundo–, se aplican allí los
principios del seguro islámico, el takaful16.
Cabe señalar, de paso, que los seguros islámicos conocen hoy un crecimiento
anual de 25%, mientras que el mercado de los seguros tradicionales ha crecido
en un promedio de 10% en los últimos años17. Swiss Re ha realizado así numerosos esfuerzos
para fortalecer su «credibilidad Sharia» (Sharia credibility), según su
propia expresión.
El
sistema de seguros preconizado en este informe de la ASEAN presenta tres
niveles. El primero se refiere a los riesgos recurrentes pero de alcance
limitado, del tipo deslizamientos de tierra o inundaciones locales. En este
caso, la financiación se realiza sobre la base del presupuesto del Estado,
previendo sumas específicamente destinadas a ello. Los montos involucrados
pueden ser significativos, pero no lo suficiente como para poner en peligro la
estabilidad financiera de un Estado. El segundo nivel, relativo a los
terremotos o a las inundaciones importantes, utiliza «créditos contingentes»
del BM. Este emite opciones de desembolso diferido ante catástrofes (catastrophe
deferred draw down option) para los riesgos ligados a los desastres18.
Estas permiten que un país reciba ayuda financiera rápida en caso de catástrofe
y traen aparejadas ciertas condiciones, como siempre que el BM presta dinero.
Además del pago de intereses, el país que las pretenda debe establecer un
«programa de gestión de riesgos adecuado», lo que implica el desarrollo de
asociaciones con el sector privado, y debe fomentar el surgimiento de mercados
privados para la gestión de riesgos catastróficos. Estos créditos contingentes
pueden ascender hasta los 500 millones de dólares. El tercer nivel corresponde
a los riesgos poco frecuentes pero cuyas consecuencias son desastrosas: grandes
terremotos, ciclones tropicales, tsunamis, etc. Esta tercera etapa corresponde
a las altas finanzas: dados los costos de estas catástrofes, solo ellas pueden
hacerles frente.
México
y los países asiáticos no son los únicos que han implementado los bonos
catástrofe soberanos. Turquía, Chile o incluso el estado de Alabama (Estados
Unidos), gravemente afectado por el huracán Katrina en 2005, también lo
hicieron de una forma u otra.
Crisis ecológica y crisis de la deuda
La
emisión de bonos catástrofe soberanos por parte de los Estados tiene una razón
profunda, cuyo examen permite vincular las cuestiones ecológicas al capitalismo
y sus crisis, especialmente con la crisis de la deuda actual.
Un
objetivo del programa mexicano multi-cat, según sus propios
diseñadores, es «proteger las finanzas públicas» del país emisor o incluso
«inmunizar su política fiscal»19.
El informe de la ASEAN habla de fortalecer «la resiliencia financiera» de los
países miembros, de «proteger las balanzas fiscales de largo plazo»,
financiarizando los seguros de riesgos climáticos. Se puso fin a estos
programas de obligaciones en 2009, mientras asolaba la más grave crisis del
capitalismo desde la Gran Depresión de la década de 1930. Una característica de
la crisis actual es el aumento vertiginoso de las deudas soberanas, es decir,
del endeudamiento de los Estados centrales de la economía mundial, EEUU y
Europa en primer lugar. Este endeudamiento es fruto de las grandes reducciones
de impuestos, de inspiración neoliberal, para los más ricos, de disminuciones
significativas de los ingresos fiscales debido a la desaceleración del
crecimiento y del rescate de los bancos y otras instituciones financieras por
parte del Estado en el momento de crisis.
La
crisis de las deudas soberanas se produce en el contexto de lo que algunos
autores, entre ellos James O’Connor y Wolfgang Streeck, llaman la «crisis
fiscal del Estado». Esta expresión designa el hecho de que los Estados ya no
tienen los medios financieros para sus políticas, y esto constituye un dato estructural,
no solo transitorio, surgido a partir del último cuarto del siglo XX. Este dato
estructural se ha visto agravado por la crisis de las deudas soberanas.
Según
Streeck, los Estados se enfrentan hoy a dos obligaciones opuestas: por un lado,
consolidar sus finanzas públicas, lo que debe permitirles tomar prestado a
tasas de interés inferiores a las actuales y reducir los déficits y la deuda
impuesta por los mercados; por otro lado, seguir procurando a sus poblaciones
niveles altos de inversión pública en educación, salud, pensiones… Elevadas,
las expectativas de la gente en términos de bienestar, desde el final de la
Segunda Guerra Mundial al menos, continúan creciendo20. En un periodo de tasas de crecimiento
históricamente bajas desde hace varias décadas, estas dos obligaciones son
imposibles de conciliar. Esto es lo que lleva a Streeck –quien en este punto se
inspira en O’Connor– a afirmar que el capitalismo y la democracia no serán
compatibles por mucho tiempo.
La
crisis fiscal del Estado está estrechamente ligada a la crisis ambiental.
Debido a la crisis fiscal que enfrentan, los Estados son cada vez menos capaces
de asumir el gasto que implican los seguros contra los desastres climáticos
utilizando medios convencionales, es decir, principalmente los impuestos. Y su
incapacidad irá creciendo en la medida en que el número y la potencia de estas
catástrofes vayan aumentando, debido al cambio climático. Este es el punto en
que se funden la crisis ecológica y la crisis financiera. Tal conclusión vale
para todas las regiones del mundo, pero más aún para los Estados más frágiles.
Los países en desarrollo a menudo son los más duramente golpeados por los
desastres climáticos, no solo porque es en ellos donde tienen lugar, sino también
porque los medios de que disponen para hacerles frente son mucho más reducidos
que los de los países desarrollados. El aumento del nivel del mar afecta tanto
a Bangladesh como a los Países Bajos. Sin embargo, no es difícil anticipar en
cuál de estas dos naciones este fenómeno causará más dificultades. El de la
isla caribeña de Granada es otro caso ilustrativo. Esta isla fue azotada en
2004 por el huracán Iván, mientras contaba con una deuda equivalente a 90% de
su PIB. Incapaz de cubrir los gastos causados por
el desastre, y dado su nivel de endeudamiento, se vio obligada a declararse en default un
año más tarde.
La
crisis fiscal lleva a los Estados a financiarizar cada vez más los seguros
contra riesgos climáticos. La titulización representa una alternativa a los
impuestos y la solidaridad nacional. La crisis fiscal del Estado, la crisis
ambiental y la financiarización son tres fenómenos estrechamente ligados. Este
argumento puede generalizarse. En un primer momento, la explotación de la
naturaleza cuesta poco o nada. Con el tiempo, sin embargo, el agotamiento de
los recursos conduce al encarecimiento, mientras que el manejo de los efectos
funestos del desarrollo –lucha contra la contaminación, costos relacionados con
la salud de los empleados, accidentes nucleares, etc.– también se encarece cada
vez más. Esta tendencia influye negativamente sobre las tasas de ganancia. ¿Qué
hace entonces el capitalismo? Transfiere al Estado el costo creciente de la
reproducción de las condiciones de producción. Esta es la lógica propia de este
sistema: socialización de los costos y privatización de las ganancias. El
aumento de los costos relativos a las condiciones de producción sumerge al
Estado en una crisis fiscal. Los ingresos fiscales no aumentan al mismo ritmo que
el gasto, sobre todo a partir de la década de 1970, y la tasa de crecimiento de
los países anteriormente desarrollados disminuye. En consecuencia, las finanzas
públicas se vuelven estructuralmente deficitarias.
La
crisis fiscal lleva al Estado a pedir prestado cada vez más dinero en los
mercados financieros con el objeto de financiar sus gastos e inversiones y
restablecer ficticiamente el equilibrio de sus cuentas. Esta es una de las
causas de la financiarización del capital21. Esta financiarización procede especialmente del
encarecimiento de las condiciones de producción y del aumento de los costos
generados por la explotación de la naturaleza. El capitalismo explota la
naturaleza, ocasionando gastos cada vez más importantes para el Estado, que se
somete a los mercados financieros para hacerles frente.
· 1.T.
Mitchell: Carbon Democracy: Le pouvoir politique à l’ère du pétrole, La
Découverte, París, 2013.
· 2.Koko
Warner et al.: «Adaptation to Climate Change: Linking Disaster Risk Reduction
and Insurance», Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres, Ginebra, 2009, p. 4.
· 3.Ver
Wendy J. Werner: «Micro-Insurance in Bangladesh: Risk Protection for the Poor?»
en Journal of Health, Population, and Nutrition vol. 27 No 4, 2007.
· 4.Ver
Randy Martin: Financialization of Daily Life, Temple University Press,
Filadelfia, 2002.
· 5.V.
los dos grandes volúmenes publicados en colaboración por Munich Re y la oit,
titulados Protecting the Poor. A Microinsurance Compendium, disponibles en www.munichre-foundation.org/home/Microinsurance/MicroinsuranceCompendium.html. V., por ejemplo, la contribución de Thomas Loster
y Dirk Reinhardt: «Microinsurance and Climate Change».
· 6.D.
Harvey: The New Imperialism, Oxford University Press, Oxford, 2003. [Hay edición en español: El nuevo imperialismo,
Akal, Madrid, 2004].
· 7.Michèle
Laubscher: «Modèles de marché pour les pauvres» en Global. Globalisation et
Politique Nord-Sud No 40, verano de 2011.
· 9.Ver
David Croson y David Richter: «Sovereign Cat Bonds and Infrastructure Project
Financing» en Risk Analysis vol. 23 No 3, 2003.
· 11.Erwann
Michel- Kerjan et al.: «Catastrophe Financing for Governments: Learning from
the 2009-2012 MultiCat Program in Mexico», oecd Working Papers on Finance,
Insurance and Private Pensions No 9, oecd, 2011, p. 25, disponible en <http://opim.wharton.upenn.edu/risk/library/wp2011_emk,iz,vc,dt_CatFinancingforGovts.pdf>.
· 12.Ibíd.,
p. 24.
· 13.Ibíd.,
p. 36.
· 14.Arthur
Charpentier: «Insurability of Climate Risks» en Geneva Papers on Risk &
Insurance - Issues & Practice vol. 33 No 1, 1/2008, p. 100.
· 15.asean:
«Advancing Disaster Risk Financing and Insurance in asean Countries: Framework
and Options for Implementation», bm, Washington, dc, abril de 2012,
disponible enwww.gfdrr.org/sites/gfdrr.org/files/publication/drfi_asean_report_June12.pdf.
· 16.En
el Islam, los mecanismos de seguro convencionales son considerados de manera
negativa porque se los asimila a elementos de incertidumbre (al-gharar), de
apuesta especulativa (al-maysir) y a tipos de interés usureros (riba) que
contravienen las reglas de la Sharia. En ese marco, los seguros islámicos o
takaful («garantía solidaria») son un mecanismo basado en la ayuda mutua, en la
línea trazada por el versículo 2 de la sura 5 (Al maida) que dice: «Ayudaos en
el cumplimiento de obras buenas» [N. del E.].
· 17.Ver
Swiss Re: «Insurance in the Emerging Markets: Overview and Prospects for
Islamic Insurance» en Sigma No 5, 2008, disponible en http://media.swissre.com/documents/sigma5_2008_en.pdf
· 18.V.
bm: Manuel de la Banque mondiale pour le service de la dette, bm, Washington,
dc, junio de 2009, pp. 19-20, disponible en http://siteresources.worldbank.org/projects/Resources/40940-1250176637898/0000477705FRfr.pdf.
· 19.Erwann
Michel-Kerjan et al.: ob. cit., p. 3.
· 20.Sobre
el caso alemán, v. W. Streeck: «Endgame? The Fiscal Crisis of the
German State» en Alister Miskimmon, William E. Paterson y James Sloam (dirs.):
Germany’s Gathering Crisis: The 2005 Federal Election and the Grand Coalition,
Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2009.
· 21.Ver
Costas Lapavitsas: «Financialised Capitalism: Crisis and Financial
Expropriation» en Historical Materialism vol. 17 No 2, 2009.
Julio - Agosto 2014
Publicado hace 9 hours ago por Miradas Multiples
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