Esta es la tercera ocasión en que
reiteramos: el Arco Minero no es más que una encrucijada emblemática para lo
que puede ser la reconquista social definitiva de uno de los territorios más
ricos sobre el suelo, y el subsuelo, que tiene nuestro país (nos referimos a su
biodiversidad como a su riqueza mineral), o la pérdida definitiva de esa
riqueza en manos de los siempre eternos intereses transnacionales y nacionales
que pretenden apropiarse de la misma.
Por eso hemos dicho que el Arco Minero
como figura no es más que la constancia de una guerra que se gana o se pierde y
que tiene que ver con lo esencial de nuestra soberanía y, probablemente, con la
riqueza más abundante que hay para nosotros y el mundo entero.
Por eso también hemos dicho que no
tiene ningún sentido atacar el problema que supone la explotación de las
riquezas mineras presentes en este vasto territorio, desde el punto de vista
meramente ecologista o de un nacionalismo francamente conservador y derechista,
ambos como denuncias fragmentadas y sin criterio de totalidad quedan ausentes
de un criterio verídico de lo que es la lucha de los pueblos por hacer de su
tierra y la naturaleza que son y que viven ellos, el derecho a una vida digna.
Efectivamente la guerra ha
recomenzado y los agentes dominantes presentes en la misma ya han sacado sus
armas. El Estado venezolano al declarar a través del decreto del Arco Minero la
posibilidad de una explotación sustentable y dirigida al bien común, pareciera
que está repitiendo las mismas mentiras y los mismos atropellos que ha hecho a
la hora de declarar procesos de liberación, ya sea en el campo obrero,
campesino, indígena, comunitario, y que a la hora de hacer efectivas esas
palabras una y otra vez nos hemos dado cuenta de que no han sido más que
trampas legales y verbales para aplastar el deseo libertario de cada una de las
regiones y de cada una de las clases que han querido hacer brotar su grito
revolucionario.
En menos de un mes de intensas
negociaciones que se han realizado a lo interno de los aparatos burocráticos
dos visiones confrontadas: la del recientemente creado Ministerio de minas, con
todos sus apodos socialistas y ecológicos y, por otro lado, la Corporación
venezolana de minería, vemos cómo los intereses que preside el actual ministro
ligado a la necesidad desesperada del gobierno por conquistar todo lo que pueda
de recursos dinerarios que constituyen una salida de vida o muerte ante su
quiebra económica y política, además de los intereses personales que giran
alrededor de toda esta nueva burocracia minera, y los nunca ausentes militares
condensados en la CAMINPEG, la gobernación de Bolívar, etc., tienden a
imponerse por encima de la visión a través de la cual lo importante del Arco
Minero no es en sí la inversión transnacional sino el reordenamiento de un
vasto territorio a través del cual centenares de miles de personas, llámense
pequeños mineros, comunidades, agricultores, pueden finalmente reconquistar la
soberanía del mismo y emprender una nueva vida para cada una de sus familias y
colectivos asociativos.
En esta semana hemos podido constatar
cómo la arremetida mafiosa capitalista y siempre ligada a los intereses
transnacionales con la anuencia de quienes en estos momentos se autodenominan
la dirección revolucionaria de nuestro país, ha comenzado a desalojar
comunidades mineras en función de garantizar que los territorios desalojados se
conviertan en espacios que esta caterva gansteril, que se llama gobierno,
pretende negociar con este conjunto de empresas transnacionales que como perros
de casa acuden diariamente a las oficinas del Ministerio de minas para
concretar su apropiación sobre el territorio así llamado Arco Minero.
Hace dos días en la mina llamada
"Vuelvan Caras", en el municipio Sifontes del estado Bolívar, dos
helicópteros de las Fuerzas Armadas aterrizaron sobre esta mina, de donde
bajaron numerosos oficiales y soldados que amenazaron a los centenares de
trabajadores mineros que allí construyen su vida, dándoles 72 horas para
desalojar por completo este espacio minero tradicionalmente explotado. La razón
es muy simple: se trata de una mina, que si vamos a los puntos teóricos
planteados en el decreto del Arco Minero, debería ser razón para que el Estado
no solo legalice el trabajo que allí se hace sino que acuerde una planificación
que permita acabar con todas las tecnologías destructivas del ambiente, y
comenzar un proceso de explotación minera que pueda ser un ejemplo para la
reconstrucción ambiental, la formación de comunidades y el desarrollo de
proyectos alternativos, preferentemente agrícolas, paralelos al trabajo
propiamente de la minería. Sin embargo se están traicionando los propios
preceptos inspirados y, desgraciadamente, los muy escuálidos discursos de
nuestro querido presidente Maduro, hechos sobre las razones utópicas que preceden
del decreto del Arco Minero, en este caso, como en tantas otras ocasiones,
hacen que la simbología de la palabra quede completamente achatada frente a la
violencia de los intereses y su ejercicio real.
En definitiva lo que estamos
constatando es que lo que ha sido una vieja demanda de los trabajadores mineros
por crear un Ministerio dedicado propiamente a la minería, se está convirtiendo
en el vehículo para que se ejerza en los próximos meses una violencia
descomunal en contra de estos centenares de miles de trabajadores, en función
de ir vaciando los territorios donde allí trabajan en situaciones realmente
precarias, desde todo punto de vista, para entregarle esto a empresas que ni
siquiera están al tanto de la violencia en sí que se está ejerciendo a través
de un aparato militar que ya tiene intereses propios empresariales sobre este
territorio, nos referimos a la empresa CAMINPEG. Simplemente quieren espacios
para sí que en asociación con el Estado logren mediante su explotación una
divinísima ganancia compartida entre estos dos seres de la historia hegemónica:
el Estado y el capital en sí.
Hasta los momentos mientras se avanza
sin detenimiento en los acuerdos de buena voluntad con decenas de empresas
mundiales para la explotación minera, no hay el más mínimo resquicio de
voluntad en función de avanzar con muchas más razones y derechos con los
verdaderos trabajadores mineros, en función no solo de legalizar su situación,
sino de abrir un compás para la recreación de una nueva vida que podría
dignificar a centenares y en el futuro a millones de compatriotas. Para colmo
están condicionando a las medianas empresas nacionales, ya presentes en la
zona, e incluso a pequeños proyectos mineros e integrales, a legalizarse,
obligatoriamente, en una asociación de cualquier tipo con alguna empresa
transnacional.
¿Por qué será que la historia de
nuestro país lleva siempre signado el punto de la traición, del engaño, del
cuento de hadas? Incluso en estos últimos años en que se ha hablado hasta de
revolución socialista. ¿Por qué será que es tan fácil engañarnos a todos
nosotros, que solo es necesario que alguien o algunos o algunas mareen nuestra
conciencia para que nos hinquemos incondicionales a la obediencia y la
aclamación? De mi parte, teniendo particulares sentimientos con lo que
representó en su momento el movimiento minero, que desalojó a pecho abierto a
todos los que eran los grandes explotadores, ya sean nacionales o
transnacionales que llegaron a apropiarse de lo que hoy llaman Arco Minero, les
advierto que si en estos momentos y en los próximos días y semanas no se
manifiestan abiertamente en función de reclamar, no solo sus derechos como
pequeños mineros, sino los derechos de todos nosotros como venezolanos a vivir
y recrear una tierra extraordinaria de riquezas y biodiversidades, esta lucha
está perdida. Lo digo con conocimiento de causa y sobre todo constatando
pesimistamente que ha sido tan nefasta la absorción del movimiento popular casi
por entero en las manos de esta caterva gansteril que hoy nos gobierna, que muy
probablemente el movimiento minero también va a reaccionar con los mismos
códigos.
Y nuevamente digo: ojalá esté
equivocado, y en este caso, de manera casi desesperada, porque al contrario de
las voces académicas externas que desde su computadoras, foros y redes sociales
denuncian en genérico una situación que no conocen, a partir de códigos
prestados por los saberes occidentales condensados en las ONU y en las oficinas
ecológicas y nacionalistas europeas, en este caso nos estamos jugando realmente
la tercera parte del territorio de nuestro país. Y es tan asqueroso lo que se
está evidenciando, que es que lo que se afirmó como una meta revolucionaria
nuevamente se convierte en los intereses de unos cuantos bolsillos que giran en
estos momentos alrededor del banco central, el ministerio de minas, PDVSA,
gobernaciones, comandancias militares, etc., que pretenden arrebatarle su
derecho histórico a la clase obrera, en este caso minera, a ser la gran
protagonista de la resurrección territorial de nuestro país.
Por eso volvemos a insistir: no es un
movimiento contra el Arco Minero lo que necesitamos, es un movimiento radical y
libertario que desate de nuevo las energías revolucionarias que estos traidores
han sabido aplastar. Y esto lo decimos en el medio de una circunstancia
nacional donde como todos sabemos se disputan la plusvalía del petróleo, del
gas, del oro, y de todos los negocios propios de esta tierra explotada, dos
pequeñas mafias que han sabido oprimir nuestras conciencias en una lógica
binaria de escuálidos y chavistas.
Ojalá sirva esta circunstancia que se abre
con la traición alrededor del proyecto del Arco Minero para terminar de darnos
cuenta que esto no es un juego politiquero, que lo que se está viviendo en este
país es el destino de uno de los suelos y subsuelos más ricos del globo
terráqueo, y que más allá de las mafias adeco-copeyanas y el hamponato que gira
en estos momentos alrededor de un lamentable mazo de utilería, que ya emprendió
su campaña presidencial, estamos en presencia de una encrucijada histórica que
va a determinar la vida nuestra por generaciones. Ustedes deciden.
Por: Roland Denis | Lunes, 19/09/2016 11:42 AM
http://www.aporrea.org/actualidad/a234324.html
No hay comentarios.:
Publicar un comentario