A la vista de todos en el poblado del Ávila fabrican más viviendas,
amplían construcciones y levantan muros perimetrales. Las obras no solo
incumplen las disposiciones del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del
Parque Nacional Waraira Repano, sino también de una sentencia de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que prohíbe otorgar cualquier
permiso con esos fines. Los galipaneros denuncian discriminación de Inparques,
que se niega a declarar
Le llaman “la casa del árabe”. Era una vivienda humilde, de un piso,
situada en un sector de Galipán conocido como El Cedrito, en referencia a un
árbol que crece en la entrada. Antes perteneció a Mauricio Dáger y antes al
galipanero Antonio Córdova. El árabe compró las bienhechurías y desde entonces
la humildad se transformó en lujo. La casa, todavía en construcción, ahora
tiene segundo piso, una gran terraza y piscina. En Galipán nadie lo llama por
su nombre, no lo conocen, pero todos observan en silencio el chalet que
construye.
Todo comenzó con la construcción de un muro perimetral que contó con el
aval del Consejo Comunal San Isidro uno de los cinco sectores que componen el
pueblo de Galipán al alegar que se trataba de una pared de contención.
Después del muro, la vivienda creció en metros cuadrados e
instalaciones.
“Esos son más de los 150 metros cuadrados de construcción que puede
autorizar Inparques, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso
PORU del Parque Nacional Waraira Repano. En la obra debe haber unos 500
metros”, calcula Marlene Sifontes, secretaria de organización del Sindicato
Unitario Nacional de Empleados Públicos del Instituto Nacional de Parques.
La casa viola asimismo otra disposición del PORU: las construcciones
deben tener una altura máxima de tres metros y medio y solo está permitida una
planta.
La ampliación de la vivienda también va en contra de una sentencia de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, emitida en 2009 y
ratificada en 2012 y 2014. La sentencia 1738, del 16 de diciembre de 2009,
prohíbe “el otorgamiento de cualquier permiso por parte de las autoridades
nacionales, estadales o municipales para la remodelación o reacondicionamiento
de las instalaciones habitacionales ya existentes, la incorporación de nuevas
estructuras dirigidas a efectuar siembras con fines comerciales o de
autosustento, la desviación artificial o represamiento parcial o total del
cauce de las quebradas aledañas para fines prohibidos o restringidos por el
Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Waraira Repano”.
Esto significa que en el Ávila está prohibida cualquier construcción y
la remodelación de inmuebles.
Pero la construcción tiene autorización. El 15 de octubre de 2013, a
través de la Providencia Administrativa Aprobatoria N° 125, Ali Salim Abdul
Hadi obtuvo permiso de la Dirección General Sectorial de Parques Nacionales de
Inparques para la “remodelación y ampliación de la terraza adyacente a la
vivienda la cual sirve para el área de estacionamiento y para área social”.
La providencia apareció solo un día después de que a Ahmad Salim Abdul
Hadi se le abriera un procedimiento administrativo sancionatorio y se le
impusiera una multa de 500 bolívares por la construcción de la pared perimetral
ambos ciudadanos administran empresas juntos, según el Registro Nacional de
Contratistas. El documento agrega que Inparques, al conceder la autorización
por vía de excepción, “se libera de cualquier responsabilidad y riesgo”, por
consiguiente es Ali Abdul Hadi quien responderá por daños a terceros. Se
contactó por teléfono a Abdul Hadi para consultarle por el permiso y
amablemente dijo que delvolvería la llamada, lo que nunca ocurrió.
La decisión del TSJ, en cambio, sí ha aplicado para Emiliano
Silva, sobrino del primer panadero que hubo en Galipán y cuya familia ha
ocupado el área por varias generaciones. Silva necesita sustituir el techo de
su negocio de un piso: “Tengo dos años solicitando el permiso a Inparques para
hacer el cambio. Lo peor es que además de las goteras, el techo es de asbesto”.
Afirma que en dos oportunidades, desde que hizo la petición,
funcionarios de Inparques han ido a inspeccionar el comercio. “Vinieron,
tomaron fotos y no han vuelto”.
Galipaneros opinan que es únicamente a los nativos a quienes Inparques
no les otorga permisos, lo que se demuestra con otra construcción que erigen
desde cero en el sector San Antonio. De la nueva vivienda solo están listas las
columnas. La guía de circulación de materiales otorgada por la Coordinación del
Parque Nacional Waraira Repano, y sellada por Inparques, permitió la entrada a
Galipán de 2.000 bloques de arcilla, 200 sacos de cemento gris, 20 metros
cúbicos de arena lavada, cientos de cabillas, láminas de techo, tuberías, un
tanque de polietileno de 3.000 litros, cumbreras, un fregadero, 8 marcos de
ventanas, 2 lavamanos, poceta, calentador y cerámica para cubrir 100 metros
cuadrados, entre otros materiales.
La guía especifica que la obra fue autorizada según oficio N° 513, por
vía de excepción para la construcción de una vivienda unifamiliar. La
autorización está a nombre de José Nuno Das Dores, vinculado familiarmente con
Luz del Valle Amario Das Dores, directora general de la Oficina de
Planificación, Presupuesto y Organización del Ministerio de Vivienda y Hábitat.
En Galipán le dicen “la casa de la viceministra”. Uno de los trabajadores
de la obra asegura que la construcción comenzó hace más de dos meses y que los
propietarios necesitaron dos años para lograr el permiso de Inparques. “Hay que
tener suerte y plata”, opina León. Al ser consultado sobre los propietarios de
la vivienda, el constructor señala: “Dicen que trabaja para el gobierno, pero
no sé si es viceministra”. Junto con León hay por lo menos otros cuatro hombres
dándole forma a la vivienda a partir del concreto y las cabillas.
Roberto Pérez, representante del Consejo Comunal San Isidro, sostiene
que al momento de iniciar la construcción, los dueños prometieron hacer 10
viviendas en el lugar para las familias de pobladores autóctonos. Hasta ahora
no han edificado ninguna.
“Se pretende convertir Galipán en una especie de country club, al
permitir que una casa pequeña termine convertida en un chalet. Hay un
contrasentido de Inparques que frena un techo, pero permite una gran
construcción que no apareció de la noche a la mañana y cuyos materiales deben
pasar frente a la Guardia Nacional”, asevera Edgard Yerena, profesor de Áreas
Protegidas del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón
Bolívar.
Agrega que cualquier permiso que haya otorgado Inparques para la nueva
construcción es írrito.
“No pueden tener el permiso porque hay una sentencia del TSJ; por otro
lado, hacer una casa nueva a partir de un ranchito también es ilegal. El PORU
vigente especifica unas tipologías de construcción y unas características
arquitectónicas propias de Galipán”, explica.
Poblado autóctono. La
declaratoria del Ávila como Parque Nacional se oficializó el 12 de diciembre de
1958. El decreto abarcaba 66.192 hectáreas.
Más tarde, en 1974, el gobierno de Carlos Andrés Pérez amplió el área,
por lo que quedó con una superficie de 85.192 hectáreas. De ese terreno, el
poblado de Galipán solo ocupa 1.720 hectáreas, de las cuales están
efectivamente desarrolladas 433.
Los galipaneros están en la montaña mucho antes del decreto de 1958. Los
primeros registros de la existencia del poblado datan de 1873, cuando el lugar
era habitado por inmigrantes canarios dedicados a la actividad agrícola.
Roberto Pérez afirma que a raíz de la declaratoria de Parque Nacional
correspondía que el Estado hiciera expropiaciones en el área o un reglamento
para el sector, pero no cumplió. “A partir de entonces lo que hubo fue una
guerra psicológica, empezaron los desalojos forzosos y obligaron a muchas
familias a irse, hasta que en 1986 logramos un amparo agrario”.
Quien los ayudó en ese proceso fue el abogado Henrique Meier,
coordinador de la especialización en Gerencia Pública en la Universidad
Metropolitana: “La Fiscalía actuó como intermediaria entre los galipaneros e
Inparques y se logró llegar al acuerdo que los reconoció como poblado
autóctono, con lo que se les permitió crear posadas, mejorar las carreteras y
sus viviendas. Antes eran objeto de muchos atropellos; quedó demostrado que su
presencia no era incompatible con el parque y que se trataba de ocupantes
legítimos. Que se les pongan trabas a los galipaneros ahora es regresar a las
prácticas antiguas”.
El amparo agrario fue el antecedente del PORU, decretado en 1992 y
publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria 4548, del 26 de marzo de 1993.
Como poblado autóctono los habitantes de Galipán tienen la responsabilidad
de proteger el estilo de vida, costumbres y la agricultura propias de los
primeros habitantes canarios, y eso es lo que ha procurado hacer Antonio
González.
En San Isidro se encuentra Rancho Ajuro, bautizado así por la terquedad
de González para construir la casa. Recuerda que la inauguró en 1973, el mismo
día que Rafael Caldera puso en funcionamiento el tendido eléctrico del pueblo.
Su familia ha estado en Galipán por más de seis generaciones. “Mi esposa y yo
vivíamos en la casa de mis padres en Galipán con nuestros ocho hijos y era
imposible que me dieran el permiso para construir una propia.
Aprovechamos que ya había una carretera de tierra y los vecinos me
ayudaron a subir los materiales en la noche. Hice la casa en ocho meses”.
Tapaban la obra con sábanas y para evitar que la tumbaran su esposa, Sonia
Oropeza, y los niños tuvieron que ocupar la vivienda que no tenía pisos,
puertas ni ventanas. “Siempre ha existido roce entre Inparques y los
galipaneros porque no quieren que hagamos nada, ni poner una teja o un bloque.
Lo de estas nuevas construcciones es horrible porque es gente de afuera y se lo
han permitido; pero el pobre galipanero para pasar un tubo debe hacerlo a
escondidas”, afirma Oropeza.
Más concreto. Hay una tercera construcción cuya
propiedad los pobladores vinculan con un alto diputado del oficialismo. Allí
fabricaron un muro, completaron la carretera y ahora instalan tuberías.
Extraoficialmente se supo que las obras en esta vivienda superan los 200 metros
cuadrados de construcción más de los 150 permitidos por el PORU. En lo alto
del punto en el que se ubica la casa se divisa el hotel Humboldt y al frente el
mar.
“La crítica se hace porque hay dinero o influencias políticas que
hicieron que Inparques mirara a los lados”, afirma José Matute, secretario
general de Sunep-Inparques. “Un permiso de excepción debe ser para una obra de
importancia social, no para la casa de un funcionario del gobierno”, agrega el
sindicalista.
A las autoridades del instituto se les solicitó una entrevista para que
respondieran a estas denuncias, pero en más de tres semanas El Nacional no
recibió respuesta.
La sentencia. Desde que fue publicada la
sentencia 1738 del TSJ, los galipaneros intentan que se flexibilice. Sin
embargo, al ser una decisión de la Sala Constitucional con ponencia de la
magistrada Luisa Estella Morales la medida es inapelable.
Pérez afirma que la decisión del tribunal ocurrió por una situación
puntual que se presentó entre un “latifundista” y unos pobladores del Ávila
cerca de Guatire, a quienes querían sacar del terreno. “Allí lo que hubo fue un
amparo y eso solo debería afectar a las partes. La ley no es retroactiva,
únicamente cuando beneficia, y esa sentencia no nos beneficia. Ya nosotros
tenemos unos derechos reconocidos por ser pobladores autóctonos”, dice el
vocero del consejo comunal.
El 11 de septiembre pasado el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis
García Carneiro, acompañado del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional
Elvis Amoroso, declaró a Globovisión que tendrían una reunión con la fiscal
general de la República, Luisa Ortega Díaz, para revisar la sentencia, y
Amoroso se refirió a la necesidad de anularla. García Carneiro propuso
construir 49 viviendas en la montaña el próximo año.
No obstante, ambientalistas sostienen que el fallo es necesario para
garantizar la permanencia del parque nacional. “No es solo poner la casa.
Una nueva construcción demanda energía, agua, y genera aguas servidas y
basura. También hay que pensar en los materiales con los que se fabricó; la
edificación debería tener la menor cantidad de cemento posible. Sin la
sentencia habría un desastre dentro del parque”, explica Yazenia Frontado,
directora del Proyecto Ávila.
Las actividades en un parque nacional deben ser sustentables y responder
a los principios del ecoturismo y la agricultura sostenible. Alexander Luzardo,
doctor en Derecho Político y Ambiental y autor de las normas ambientales de la
Constitución, refiere que la declaratoria de parque nacional en cualquier parte
del mundo impone restricciones a la ocupación humana. “La sentencia es clara y
se apega a la Constitución, ordena abstenerse y queda prohibido a las
autoridades otorgar cualquier permiso.
Estas construcciones son un incumplimiento evidente que debe ser
sancionado penalmente, y por otro lado hay una incitación al desacato por parte
del gobernador. El TSJ debe, de manera expresa, hacer cumplir la sentencia. Hay
que investigar a qué funcionarios pertenecen las construcciones y cómo
justifican esa compra”.
Luzardo asegura que se están violando los artículos 38, 40, 41, 42 y 43
de la Ley Penal del Ambiente, referidos a la degradación o alteración nociva de
la topografía por actividades urbanísticas, la ocupación ilícita de áreas
naturales protegidas, la modificación o destrucción de bienes protegidos, la
edificación en terrenos no edificables y el otorgamiento de permisos sin
estudios de impacto ambiental. Señala que también se viola el capítulo “De los
derechos ambientales” de la Constitución y el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica
de Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques
Nacionales y Monumentos Naturales.
Quienes han vivido en Galipán por generaciones se niegan a renunciar a
la apacibilidad de la montaña con vista al mar, pero exigen un trato igualitario.
Argenis Deniz opina: “No puede ser que tengamos que hacer las reparaciones a
escondidas y movilizar los materiales como si fuéramos contrabandistas.
Necesitamos que Inparques otorgue los permisos, pero más que nada que estén las
reglas claras y que no se utilice la sentencia del TSJ como estrategia para
manipularnos”.
Demoler los excesos
De comprobarse la existencia de bienhechurías que incumplen la normativa
del parque, el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Waraira Repano
establece en el artículo 119 que estas deben ser removidas sin indemnización.
En ese caso no sería la primera vez que se demuelen viviendas en un parque
nacional. Cuando se decretó el Parque Nacional Morrocoy, en 1974, Carlos Andrés
Pérez ordenó derrumbar 890 “palafitos”, unas viviendas lujosas ubicadas en la
costa, cuyas descargas contaminaban las aguas. A principios de los años noventa
Inparques dio la orden de demoler grandes casas fabricadas en los parques
Mochima y Los Roques por personas adineradas vinculadas con los sectores
público y privado.
“Toda construcción hecha después de 2009 cuando se publicó la sentencia
del TSJ en el Ávila es ilegal, e Inparques debe actuar y demolerla. El
gobierno debe tener una política ambiental fuerte, que entienda que se trata de
un tema de carácter estratégico, y no romántico. Los parques nacionales
garantizan el acceso al agua y la generación de energía”, destaca José Matute,
biólogo y secretario general de Sunep-Inparques.
Mario Gabaldón, director de parques nacionales entre 1989 y 1995, indica
que es necesario crear un reglamento específico para Galipán, conocido como
plan de sitio, y que se nombre una autoridad única para el pueblo: “No debe ser
un general, sino un profesional con criterio, con un equipo ordenado y
responsable, que se encargue de la planificación, considerando los criterios
que deben regir a un poblado autóctono”. Gabaldón afirma que el crecimiento de
Galipán, con posadas y restaurantes administrados por personas que no son
galipaneros, genera un beneficio de lucro a comerciantes que no aportan nada al
manejo del parque, por lo que sugiere que exista un impuesto para tales
establecimientos y que los recursos recaudados sean para el funcionamiento de
la autoridad única. El plan de sitio para Galipán fue desarrollado por el
Instituto de Estudios Regionales y Urbanos de la USB en 2002 y 2003 por
solicitud de Inparques, pero el documento no llegó a consulta pública. Roger
Martínez, coordinador del proyecto, explica que se buscó dar la gestión de
Galipán a los galipaneros para que pudiesen hacer arreglos menores sin la
mediación de Inparques. Martínez opina que el plan no llegó a aprobarse porque
faltó autoridad y liderazgo del instituto sobre el proyecto que ya estaba
“suficientemente conversado”.
Edgard
Yerena, de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, considera que es
necesario formalizar el plan local: “Inparques está en mora con los
galipaneros. Ese plan de sitio habría que retomarlo, mejorarlo y viabilizarlo.
Es lo único que podría levantar la medida del TSJ”.
EMILY AVENDAÑO
EAVENDANO@EL-NACIONAL.COM11 DE OCTUBRE 2015 - 12:01 AM
EAVENDANO@EL-NACIONAL.COM11 DE OCTUBRE 2015 - 12:01 AM
Foto: Galipaneros opinan que es únicamente a los nativos a quienes Inparques no les otorga permisos | FOTO: OMAR VELIZ
Teleférico
al litoral se construye de espaldas a la Constitución
La mayor
parte de Galipán presenta un riesgo geológico alto y está afectada por
deslizamientos | FOTO: OMAR VELIZ
La obra comenzó sin que fuese aprobado el estudio de impacto ambiental y
sociocultural exigido por la carta magna. Además, los galipaneros exigen que se
conserve la ruta inaugurada por Pérez Jiménez
EMILY AVENDAÑO
EAVENDANO@EL-NACIONAL.COM11 DE OCTUBRE 2015 - 12:01 AM
EAVENDANO@EL-NACIONAL.COM11 DE OCTUBRE 2015 - 12:01 AM
Felipe Díaz construyó su casa con sus propias manos. La vivienda ocupa
un área de 50 por 10 metros cuadrados en el sector Manzanares de Galipán. En el
terreno que rodea la vivienda practica la floricultura y de eso vive, aunque
desconoce por cuánto tiempo podrá seguir haciéndolo.
En los últimos ocho meses ha recibido la visita de funcionarios de la
Guardia Nacional Bolivariana, Inparques, Venezolana de Teleféricos (Ventel), un
fiscal y un juez agrario. La última vez, el 22 de junio de 2015, llegaron todos
juntos. La razón es que en el terreno ocupado por Díaz deben ubicar la torre N°
32 del teleférico Waraira Repano-Macuto.
“No hablan de expropiaciones ni de indemnización. Dicen que no habrá
necesidad de afectar a nadie, pero cómo no hacerlo si el movimiento de tierra
para poner una torre es inmenso”, expresa Díaz.
El floricultor se preocupa porque la casa ceda cuando comiencen las
obras.
Señala una grieta en el piso, en la parte de atrás de la vivienda, para
justificar su temor. “La promesa es que harán una pantalla o un muro, pero no
creo en esa promesa”.
El vaciado de las bases para las torres del teleférico comenzó en julio.
Hasta ahora hay 3 bases listas y se encuentran trabajando en la cuarta.
Cada base tiene 12 metros de largo por 12 metros de ancho y una profundidad de
8 metros, según reporta Sunep-Inparques. De cada uno de estos fosos salen 500
metros cúbicos de tierra, sedimento y rocas.
“Esa tierra cae por las laderas de la montaña y causa erosión y
sedimentación. Nos preocupa qué suceda con las fuentes de agua a raíz de esto”,
señala Marlene Sifontes, secretaria de organización de Sunep-Inparques.
Los galipaneros han denunciado que el incendio que empezó en el Ávila el
30 de abril y se prolongó por cinco días se originó por el desmontaje de una
guaya en la estación San José del viejo teleférico.
Comienzo ilegal. Las obras
empezaron sin que estuviera listo el estudio de impacto ambiental y
sociocultural, sin el permiso formal de Inparques y sin que la comunidad de
Galipán aprobase la nueva ruta.
Aunque el artículo 129 de la Constitución establece que “todas las
actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser
previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural”, el
estudio para el teleférico del litoral no fue presentado ante Inparques sino
hasta el 25 de junio, y la presentación a los galipaneros se hizo el 3 de
septiembre. La evaluación no ha sido aprobada oficialmente por el instituto.
Elia Gómez, representante de la empresa a cargo del estudio ambiental,
Arbórea, explicó que trabajan en la zona desde finales del año pasado y que a
partir de enero comenzaron a tener charlas y reuniones con los habitantes del
pueblo.
Los cinco consejos comunales de Galipán: San Isidro, San Antonio,
Manzanares, San José y San Francisco, entregaron a Ventel e Inparques una lista
con 727 firmas de ciudadanos que solicitan que el teleférico conserve la ruta
original, construida por Marcos Pérez Jiménez en 1956. Ese recorrido comenzaba
en la estación El Cojo en Macuto, subía por San José y El Irón para terminar
en la estación Ávila hoy Waraira Repano, donde está el Humboldt. El nuevo
recorrido no pasa por El Irón, en su lugar tiene una parada en La Hacienda y de
allí continúa a la estación Waraira Repano.
“El punto que más tensión ha generado es el de la ruta, pero fue
necesario cambiarla porque la original está en una ladera sometida a bastantes
desprendimientos y hay un problema de accesibilidad porque la pendiente es muy
fuerte; en cambio la ruta actual está muy cerca de la carretera en casi toda su
extensión, salvo en el tramo La Hacienda-San José”, dijo Gómez. “Por qué
repetir un trazado que se abandonó por problemas operativos y más costosa. No
es que la nueva ruta sea fácil, sino que es más fácil que la otra”, señala.
De acuerdo con la evaluación hecha por la USB para elaborar el plan de
sitio, la mayor parte de Galipán presenta un riesgo geológico alto y está
afectada por deslizamientos, caídas de rocas, erosión fuerte y grandes
pendientes. Pese a que se hizo la solicitud a Ventel y a Inparques y los
estudios de impacto ambiental son de carácter público, ninguna de las
instituciones dio a El Nacional acceso a la información levantada por Arbórea.
“Es ilegal que no hayan presentado el estudio, porque allí definen qué
variables pueden ser afectadas por las obras, cómo será la movilización de
material, cuántos vehículos emplearán, el peso, áreas por deforestar, el
terreno suelto, qué pasará con la lluvia, por ejemplo, y se especifican las
medidas para mitigar los daños”, afirma Cristina Vaamonde, de la ONG Una
Montaña de Gente.
Edgard Yerena, de la Sociedad de Ciencias Naturales, dice que
correspondía hacer el estudio de impacto ambiental de ambas rutas, mostrarlo a
la comunidad y lograr un acuerdo con la mejor opción, pero “se saltó el estudio
y la consulta; todo el proceso está viciado de nulidad”.
Comunidad sin servicios. Para
hacer el teleférico han abierto trochas por la montaña, sin cuidado alguno por
especies que muestran troncos mutilados en algunos sectores del parque. Uno de
esos puntos es cercano al Humboldt. Allí abrieron un camino que llega a la
tanquilla donde caen las aguas servidas, que los fines de semana se rebosa y
contamina la montaña porque la planta de tratamiento no funciona desde hace dos
años.
En las mesas de trabajo que la comunidad realizó con Ventel se planteó
la necesidad de nuevas carreteras, alumbrado, un liceo y salón de usos
múltiples. “Todo quedó en papel, pero en las actas no asentaron que la
comunidad quiere el teleférico, pero que vaya por su ruta original”, dijo
Argenis Deniz, del Consejo Comunal San Isidro.
La Memoria y Cuenta del Ministerio de Turismo de 2014 señala como uno de
sus logros la “instalación y puesta en marcha del Sistema Teleférico Litoral
II”. El texto refiere que se firmó el contrato de Obras Civiles entre
Doppelmayr Seilbahnen GMBH y Venezolana de Teleféricos, CA, el 4 de junio de
2014, y que el 25 de julio de ese año firmaron el contrato de cesión del
contrato principal de obras civiles entre las empresas Doppelmayr Seilbahnen
GMBH e Inversiones Alfamaq, CA, quedando con 12,5% y 87,5% de la ejecución,
respectivamente. La obra costará 680 millones de dólares.
“Sea la ruta que sea, va a afectar a alguien. En el estudio de impacto
se reconoce la importancia histórica y natural de ese pueblo autóctono. Todos
los problemas que planteó la comunidad y sus posibles soluciones están allí”,
dijo Gómez. Entre las recomendaciones hechas en el informe está desarrollar el
plan de sitio y mejorar los servicios públicos del sector, pues ya existen
deficiencias en su manejo.
Ventel respondió que no emitirían declaración porque están “a la espera
para poder articular con todas las instituciones involucradas y así ofrecer una
sola información”.
Testimonios, Roberto Pérez
De la Asociación de vecinos y el Consejo Comunal San Isidro “Mi familia
ha vivido aquí por ocho generaciones. Desde que decretaron el Ávila como parque
nacional, los galipaneros de lo único que hemos tenido tiempo es de
defendernos. Lo que queremos es que se nos respete”.
Antonio González, Habitante de Galipán
“La mayoría está en contra de la nueva ruta del teleférico. Quieren
poner las torres pegadas a las casas y así van a acabar con todo. Nosotros nos queremos
quedar en Galipán. Los hijos, nietos y bisnietos van creciendo y tienen que
independizarse y poder hacer su casa”.
Felipe Díaz, Habitante
de Galipán
“Un
ingeniero me dijo que por una sola persona no se puede paralizar un proyecto de
la magnitud del teleférico, pero lo que yo creo es que el cambio de ruta
obedece a un capricho político. Si Pérez Jiménez pudo hacerlo, ¿no van a poder
ahora con tanta tecnología?”.
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