La ilegalización de la organización no
gubernamental Acción Ecológica abre debates sobre la relación del progresismo
ecuatoriano y las asociaciones de la sociedad civil.
A fines de
diciembre de 2016, el gobierno ecuatoriano inició el procedimiento de retiro de
la personería jurídica a la organización no gubernamental ecologista Acción
Ecológica. Ya en 2009 se había iniciado un procedimiento similar por la misma
causa: haberse desviado de los fines para los que fue constituida. Hace ocho
años el gobierno debió dar paso atrás por la presión internacional y porque el
presidente Rafael Correa no controlaba plenamente a todos sus funcionarios.
Pero desde entonces siguió presionando personalmente para continuar el
procedimiento. Aun así, no encontraba una ocasión propicia para concretarlo.
Un ataque realizado
presumiblemente por comunidades de la nacionalidad indígena shuar en el sur de
la Amazonía ecuatoriana contra un campamento minero en el que murió un policía
y que marca el punto más alto de la conflictividad provocada por la obstinación
gubernamental en promover la minería metálica a gran escala en el país, brindó
la ocasión. Sin la menor prueba, se acusa a la organización de apoyar la
violencia armada cuando Acción Ecológica, como casi todas las organizaciones
sociales y de derechos humanos, apoya el derecho del pueblo shuar a resistir la
indeseada invasión extractivista en su territorio.
En sus 30 años de
existencia Acción Ecológica ha mostrado un compromiso intachable con la no
violencia activa y con las resistencias populares frente a la destrucción
ambiental. Está en la raíz del reconocimiento de los derechos de la naturaleza
en la Constitución ecuatoriana de 2008, y ha acompañado las más generosas luchas
que combinan el cuidado de la tierra y la justicia social. Con una radicalidad
y valentía dignas de las mejores causas, las militantes de Acción Ecológica
estuvieron presentes durante las últimas tres décadas en la denuncia de los
transgénicos, los agro-combustibles, el capitalismo verde, los desastres
petroleros, la tala de bosques y de manglares, y de los efectos destructivos de
los tratados de libre comercio. Símbolo y estandarte del pensamiento y la
acción crítica, el ecologismo popular y la desobediencia no violenta, nadie
puede excluir a Acción Ecológica del recuento latinoamericano de la solidaridad
con las luchas indígenas, campesinas, de trabajadores y pobladores suburbanos.
La supresión de la
personería jurídica de esta organización no la borrará de la historia y la
memoria del país. Tampoco dejará de existir. Ni su nombre ni su acción dejarán
de acompañarnos, pero tendrán que enfrentar más obstáculos, estorbos,
persecuciones y arbitrariedades. El objetivo coyuntural de esta medida no es
eliminar lo ineliminable sino debilitar el apoyo social e internacional en el
conflicto anti-minero en el territorio shuar. Al obligar a Acción Ecológica a
dedicarse a la defensa de su propia existencia, la organización no puede seguir
ejerciendo su decisiva función en la movilización de la solidaridad con los
pueblos amazónicos.
Pensada desde una
perspectiva más amplia, esta ilegalización rebasa la coyuntura y expresa algo
más profundo en la política del correísmo. Con pretextos igualmente banales e
improbables, se retiró la personería jurídica a la Unión Nacional de
Educadores, la más grande de las organizaciones de docentes del país, y se
intentó quitarle el usufructo de su sede a la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador. Y a todas las demás organizaciones, les impuso
requisitos cada vez más escabrosos y el cumplimiento de cientos de trámites
inútiles como si la supervisión estatal consistiera en un océano de
formularios.
La inundación
tramitológica cumple un papel: brinda la ocasión para usar selectivamente el
poder discrecional de la presión administrativa y la intimidación judicial. Es
una forma indirecta de ahogar la participación indeseada, la fiscalización
incómoda o la movilización social crítica. No se trata de una política de
represión abierta e ilegalización dictatorial sino que requiere siempre el
funcionamiento permanente de los pretextos legales y los controles
burocráticos. Es un proceso lento de disciplinamiento que se ejerce mediante
una multitud de pequeños actos de acoso, amenazas veladas y vigilancia
obsesiva. No se trata tanto de infundir terror, como se hace en el
autoritarismo clásico, sino de provocar un agotamiento nervioso, un cansancio
final y un hastío generalizado en los potenciales grupos movilizados. La
presión ha sido sistemática y el resultado, hasta ahora, exitoso: buscaba
debilitar la organización social independiente, cortarle sus capacidades de
movilización y debilitar sus liderazgos.
Acción Ecológica ha
sido a lo largo de varias décadas una de las marcas más activas y tercas de las
principales resistencias y demandas radicales. Más allá de su papel decisivo en
la lucha anti-minera y en la solidaridad con los shuar, ha sido una animadora
fundamental de las redes de acción colectiva en una sociedad, como la ecuatoriana,
con tradiciones débiles de acción colectiva. La defensa de esta admirable
organización no se impone solo por su oposición a un modelo económico y
ambiental desastroso sino como garantía de la vitalidad de una sociedad civil
movilizada sin la cual ningún cambio significativo y positivo será posible.
Enero 2017
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