Además de las posturas académicas y las
campañas ciudadanas, está en proceso el recurso de nulidad contra el AMO
admitido por el TSJFoto
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Comunicado: No a la violación de la constitución,
No a la criminalización de la Lucha #NoalArcoMi...
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#NoAlArcoMinero. La consigna nacional se convirtió en una etiqueta de Twitter este
lunes 8 de agosto para promover otro gran tuitazo en favor de
la causa que busca impedir la materialización del proyecto que está próximo a
ejecutarse en 111.846,70 kilómetros cuadrados de la cuenca del río Orinoco, al
sur del país. La iniciativa, en esta ocasión, es del Comité de Acción Contra el
Arco Minero del Orinoco (AMO),@ComiteContraAMO.
En virtud de que el viernes el Gobierno
nacional firmó un acuerdo con empresas transnacionales para que arranquen a
trabajar en Venezuela en la extracción de los diversos minerales del subsuelo
nacional que contempla el AMO, Correo del Caroní hace un
recuento de los pronunciamientos nacionales e internacionales que se han hecho
en contra de este plan estatal que, según expertos, representa una inminente
amenaza a la biodiversidad de un área que representa la mayor reserva de agua
dulce del país.
Hace dos meses exactamente, el 8 de
junio, se convocó al primer tuitazo mundial en contra de
este proyecto minero, que
explotará el 12,2 por ciento del territorio nacional. En esta oportunidad, la
convocatoria vino de la mano de la coalición ambiental 350.org Global Power
Shift, cofundada por el ambientalista Bill Mckibben y conformada por jóvenes
activistas en contra del cambio climático.
El tuitazo de este
lunes estuvo convocado para las 12:00 del mediodía y 8:00 de la noche.
Político-ciudadanas
El 6 de agosto, el Movimiento Ecológico
de Venezuela (Movev) realizó un encuentro para recabar firmas en contra del AMO, con el fin de consignarlas en la Asamblea Nacional (AN), para exigir
desde esta instancia la anulación del plan minero que fue aprobado el 24 de
febrero.
La directora regional de Movev, Pastora
Medina, reveló que el reclamo se elevará a instancias internacionales como el
Parlamento Latinoamericano (Parlatino), Parlamento del Mercosur (Parlasur), la
Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas
(ONU).
Ya el martes 14 de junio se firmó
en la Asamblea Nacional un acuerdo en el
que se rechaza y desconoce el decreto N° 2.248, donde se aprueba el AMO. Para el debate de esta propuesta, intervino la exministra de Ambiente
y exparlamentaria oficialista, Ana Elisa Osorio, quien acotó:
“No hay ninguna tecnología de la
minería en gran escala que sea compatible con la preservación ambiental, las
experiencias ambientales son contundentes. Cuando fui ministra del Ambiente se
suspendió esa primera concesión. El presidente Chávez nos dijo en su
momento ese oro se queda debajo de la tierra. Por eso defiendo ese
legado”.
El diputado opositor por el estado
Bolívar, Américo De Grazia, declaró el sábado que “lo que se está haciendo es
una vulgar entrega del país en este acto nulo e írrito pues se trata de una
negociación que no cuenta con la aprobación constitucional, que no ha sido
legitimada por la Asamblea Nacional. Se legalizan el crimen ecológico, el
etnocidio y el genocidio que henos venido denunciando”, al referirse a la
ceremonia que protagonizó el presidente Nicolás Maduro el viernes, donde se
firmaron contratos por más de 4.500 millones de dólares.
En junio, la Red de Organizaciones Ambientales de
Venezuela (Red Ara) se sumó a los pronunciamientos nacionales en rechazo al AMO, condenando “la extraordinaria opacidad y
aparente improvisación con que se realizó este proyecto”.
Amnistía Internacional – Venezuela
emitió un comunicado el 8 de julio desde donde no solo alerta sobre los riesgos
ambientales sino la violación a los derechos de los pueblos
indígenas y de los trabajadores, al
rescatar que el artículo 25 del decreto del AMO prohíbe y penaliza los derechos
a la reunión, la manifestación pacífica y a la huelga, violando el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el convenio 87 de la
Organización Internacional del Trabajo y los artículos 53, 68 y 97 de la Constitución
nacional.
Para el 7 de agosto, organizaciones indígenas venezolanas
exigieron al Gobierno nacional ser incluidas en las discusiones sobre el AMO, cuya gran desventaja está la amenaza a la preservación de las etnias
asentadas en las áreas explotables.
Universidades y asociaciones
La Universidad Nacional Experimental de
Guayana (UNEG) fue de las primeras organizaciones locales en pronunciarse en
contra del AMO. La coordinadora del Centro de
Investigaciones Antropológicas de la
casa de estudios, Nalúa Silva, explicó en un comunicado el 12 de mayo los daños
ocasionados a la cuenca del río Caura a razón de la minería, destacando que:
“Si se parara totalmente la minería en
la cuenca del Caura en este momento, se tardaría por lo menos 30 años para su
recuperación (…) Vemos con horror la aparición de este proyecto de Arco Minero y la posterior creación de una comisión en la cual se insta a los
indígenas a hacer minería asumiendo su protección en la realización de esta
actividad”.
En el XVI Foro Guayana Sustentable, la
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) fijó posición sobre el AMO, y publicó el manifiesto de un conjunto de especialistas y asociaciones
de la región que alertan sobre todas las desventajas del proyecto minero, que
se puede encontrar en el sitio web Guayana-antearcominero.blogspot.com
Ya para el 11 de julio, el Comité de Áreas Naturales Protegidas de
la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales emitió su propio comunicado
fijando postura en contra del AMO, destacando
que “la gestión ambiental en el país se caracteriza por ser desarticulada,
normativista y poco efectiva. A pesar de presentar un marco legal aparentemente
sólido y profuso, éste es débil e ineficiente en su aplicación”.
Estudiantes de la maestría en Ciencias
Ambientales de la UNEG, realizaron un foro llamado Arco Minero del Orinoco: La lucha por el agua, la vida y el territorio, el pasado 18 de julio, en donde explicaron el riesgo que representa
para la biodiversidad de las cuencas del río Orinoco, con 939 especies
corroboradas, y del río Cuyuní, con 186 especies corroboradas, así como la devastación
de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae), entre ellas la Sierra
Imataca, y la poca reputación de las empresas permisadas para trabajar en el
AMO como la canadiense Gold Reserve.
Profesores y egresados de la Escuela de Sociología de la Universidad
Central de Venezuela (UCV) hicieron público su postura en contra del AMO el 21 de julio, indicando que “será inevitable el deterioro
creciente de la salud de los habitantes, la desaparición de modos de vida y
cosmogonías, así como la agudización de la crisis eléctrica y de disponibilidad
de agua dulce para toda la población venezolana y el incremento del
calentamiento global al depredar tan fundamental territorio para el equilibrio
planetario”.
El Arco Minero destruye al país y nos convierte en enemigos de la humanidad - Instituto Progresista
Según este recuento, al menos nueve instituciones académicas y políticas se han pronunciado en contra del arco minero con suficientes respaldos científicos, a los que se les suman dos tuitazos y una recolección de firmas, sin contar las manifestaciones de calle que ha habido en los últimos meses en todo el país.
Además, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
admitió un recurso de nulidad en contra del AMO, introducido por un grupo de activistas ambientales, entre ellos Ana
Elisa Osorio. Sin embargo, el TSJ no ha emitido un pronunciamiento sobre ello
ni ha impedido el avance de las negociaciones. La Fiscalía Ambiental tampoco.
El Ministerio de Ecosocialismo y Aguas menos. El Gobierno creó un nuevo
despacho, el del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico… que permitirá la
explotación de la cuenca del río padre.
En la actividad del sábado, el diputado
por el estado Bolívar, Américo De Grazia, sintetizó la oposición a la medida
minera: “La lucha por la defensa del arco de vida del Orinoco trasciende los
partidos políticos y la ideología. Que coincidamos con Ana Elisa Osorio o
Héctor Navarro lo demuestra. En Venezuela hay un futuro, pero también radica en
la defensa de nuestros recursos naturales”.
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