El pasado viernes 5 de agosto, pasando por encima de la
constitución y de leyes macro de la república, el gobierno nacional firmó una
serie de acuerdos y memorandos con empresas transnacionales para la exploración
y explotación de minerales en el Arco
Minero del Orinoco.
Con este acto el gobierno incurre en desacato al
desconocer la admisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia, del recurso
de nulidad del decreto 2.2248 que crea la Zona de Desarrollo Estratégico Arco
Minero del Orinoco, por ilegalidad e inconstitucionalidad; dicho recurso fue
introducido en el Tribunal Supremo de Justicia el 31 de mayo de 2016, y fue
admitido por la Sala Político-Administrativa del mismo ente el pasado 21 de
junio bajo el expediente N°2016-0358/DA-JS [1].
Este recurso contempla como primera medida cautelar: “Que se ordene al Poder
Ejecutivo la postergación de todos los actos, actividades, trabajos
intelectuales o manuales o cualquier acción directa o indirecta que signifique
un inicio, desarrollo o conclusión de faenas preliminares, parciales o de
índole semejante, que conciernan a los espacios delimitados como Arco Minero
del Orinoco”. Esto
implica que, los contratos y memorandos suscritos el pasado viernes 05 de
agosto por el presidente de la república y los ministros relacionados del área,
tienen un carácter de nulidad.
Con estas acciones, el ejecutivo pasa por encima del Tribunal
Supremo de Justicia y de forma autoritaria e ilegal omite un juicio de interés
nacional, que toca temas sensibles como la soberanía, el equilibrio ecológico,
la economía del país, derechos ambientales, sociales y políticos, de todos los
venezolanos, por tratarse de un proyecto de gran escala y alto impacto
socio-ambiental. Desesperado por la búsqueda frenética de recursos financieros
destinados al pago de una deuda externa contraída arbitrariamente y mostrando
una sumisión aberrante ante los organismos mafiosos del sistema financiero
internacional, el gobierno ignora y pisotea las leyes y reglamentos que rigen
el país, violando la constitución que apenas un día antes decía defender y
conmemorar.
El decreto N°2248, no es un decreto ley, este se desprende de la
ley de “zonas económicas especiales” (decreto con rango valor y fuerza de Ley
N°1425), y al involucrar acuerdos internacionales de semejante magnitud debe
pasar por el debate del poder legislativo como lo establece nuestra carta
magna. El decreto y los acuerdos suscritos, debieron ser discutidos en plenaria
en la Asamblea Nacional.
Por otra parte, para blindarse de los numerosos señalamientos
honestos y comprometidos que muchas personas y organizaciones hemos hecho
contra el Arco Minero, el presidente de la república ha optado por criminalizar
la disidencia frente a su iniciativa de profundizar el rentismo y entregar la
soberanía nacional, expresando en un tono insidiosamente acusatorio lo
siguiente: “Detrás de algunos
voceros que se oponen al arco minero, hay mucho dinero de mafias que controlan
la minería. Yo le digo a esos traidores que el Arco Minero va”. Estos señalamientos atentan contra
la libertad de expresión y la democracia participativa consagrada en la
Constitución de la República Bolivariana del año 99 y concretamente,
criminaliza a todos aquellos estudiantes, intelectuales, voceros indígenas,
trabajadores, profesionales y dirigentes comunitarios que se han pronunciado en
contra del proyecto Arco Minero del Orinoco, arriesgando al mismo tiempo
nuestra seguridad jurídica y personal, atacando a la disidencia.
La lucha contra este proyecto megaminero ha sido acompañada, en
todo momento, de argumentos y denuncias ampliamente razonadas y sustentados [2], incorporando
propuestas concretas para una discusión amplia y de carácter nacional sobre los
alcances de este proyecto. Pero en vez de socializar el debate
públicamente ante el pueblo venezolano, único propietario con el máximo derecho
de garantizar y decidir sobre la Soberanía Nacional, el gobierno opta por el camino de la
descalificación y retaliación política.
Así mismo, buscando blindar un discurso flaco y sumamente débil,
voceros del ejecutivo han expresado de la manera más cínica posible que a todo
el plan se han incorporado más de 180 comunidades indígenas en arduas horas de
discusión, cuando en el acto del 5 de agosto en el auditorio del Banco Central
no había ni un solo dirigente indígena presente. Todas las “consultas y
reuniones” con los pueblos originarios, de las que habla el ejecutivo, no han
sido demostradas ni una sola vez. No solo criminaliza, si no que a manera de
burla, oculta e ignora todos los pronunciamientos públicos de organizaciones
indígenas en contra del “AMO” (arco minero del Orinoco) [3], como lo hizo
anteriormente con la lucha de las comunidades Yukpa en contra de la explotación
del carbón en la Sierra de Perijá.
Por todo lo planteado anteriormente, desde la “Plataforma contra
el Arco Minero del Orinoco” expresamos nuestro más profundo rechazo a todas las
acciones que viene llevando a cabo el gobierno nacional en el tema de la
explotación minera. Rechazamos la campaña de desprestigio y criminalización
emprendida en contra de la lucha anti-minera y anti-extractivista. Condenamos
la militarización y la violación de derechos constitucionales contempladas en
la zona delimitada para el proyecto, en la que se le ha entregado el poder a
una cúpula militar para que maneje las concesiones y acuerdos a través de la
empresa CAMINPEG.
Desde la plataforma nos mantenemos en pie de lucha contra estas
acciones. Continuaremos nuestra campaña de difusión nacional e internacional de
esta atrocidad, que compromete el futuro de la nación y de la vida de todos/as
los que habitamos en ella, acompañada de acciones de calle que permitan
expresar nuestro rechazo público. La continuidad de la lucha ha venido
incorporando diversos sectores de la sociedad a esta pelea, y la constancia nos
permitirá seguir incorporando más sectores. Así, como hace pocos días el pueblo
de Córdoba en Argentina sacó a la transnacional “Monsanto”, llegará el momento
en que el pueblo venezolano derogue el Decreto N°2248 y saque a cualquier
transnacional minera que pretenda seguir saqueando al país.
PLATAFORMA
CONTRA EL ARCO MINERO
#NoalArcoMinero
[2] Recurso de nulidad introducido en el
TSJ http://file:///C:/Users/andrea/Desktop/RECURSO%20DE%20Nulidad.%20Arco%20Minero.pdf
[3] En asambleas, las comunidades de los pueblos YE’KWANA, SANEMA, PEMON y E´Ñepa (por nombrar solo algunas) se
han pronunciado en contra del proyecto del Arco Minero del Orinoco.
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