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Cada 48 horas un activista es asesinado en el mundo
por defender el ambiente
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Según un informe de la ONG Global Witness, cada dos
días matan a un ambientalista y cuatro de cada diez pertenecen a pueblos
indígenas. El 66 por ciento de los crímenes se produce en Latinoamérica. Brasil
es el más sufrido, con 50 muertes
Cada 48 horas es asesinado un activista que lucha
contra el extractivismo minero, petrolero, forestal y el agronegocios. Durante
2015 fueron acribillados 185 militantes socioambientales en el mundo, el 66 por
ciento de ellos en América latina. Así lo revela un informe de la ONG europea
Global Witness, que precisó que cuatro de cada diez asesinados pertenece a
pueblos indígenas. En lo que va de 2016 ya hubo al menos cuatro asesinatos en
Honduras y Brasil.
“En terreno peligroso” es el nombre del informe que
acaba de publicar la Global Witness (Testigo Global), donde recopila el
asesinato de activistas durante 2015. Contabilizaron 185 casos (69 más que en
2014). El 66 por ciento se produce en Latinoamérica. Los países con más
víctimas son Brasil (50), Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12), Nicaragua
(12), Congo (11), Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4), entre
otros.
Los pueblos indígenas son unos de los principales
defensores de la biodiversidad y los territorios en todo el mundo, con derechos
reconocidos por normativas nacionales e internacionales (Naciones Unidas,
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros). A pesar de todas las
leyes en su favor, están entre los principales afectados por el extractivismo y
la violencia. El informe da cuenta que el 40 por ciento de los asesinatos se
produce sobre pueblos originarios.
La ONG también puntualiza los sectores corporativos
que más vinculación tienen con los crímenes: megaminería (42 asesinatos),
agronegocios (20), tala de bosques (15), represas (15) y caza furtiva (13).
Sobre quiénes son los victimarios, advierte que en muchos casos no han sido
identificados los autores. En los que sí: los paramilitares asesinaron a 16
activistas, el ejército a 13 y la policía a 11. “El ambiente es un escenario
donde se defienden los derechos humanos. Y los activistas son tratados como
enemigos por el Estado, cuando deberían ser tratados como héroes”, afirmó Billy
Kyte, de la ONG Global Witness. El informe destaca la complicidad entre
gobiernos y empresas extractivas, tanto para el extractivismo como para la
violencia.
Entre 2010 y 2015 se produjeron 753 asesinatos.
Ocho de cada diez casos sucedieron en América Latina. Los países con más
víctimas son Brasil (207), Honduras (109) y Colombia (105). Si se calcula en
porcentaje a la población, Honduras es el país con más asesinatos.
La ONG remarca que se trata de un piso de
asesinatos, ya que su base de información son los medios de información y
afirma que existen asesinatos que son invisibilizados y no aparecen en las
noticias.
Uno de los casos señalados de 2015 es el de María
Chávez Lima y su esposo Raimundo Dos Santos Rodríguez, defensores de la selva
en el nordeste de Brasil. Fueron emboscados y acribillados. Rodríguez sufrió
doce disparos y falleció. Lima, que fue herida pero sobrevivió, colabora con el
Instituto Chico Mendez (emblema mundial del activismo socioambiental, defensor
de la Amazonía, asesinado en 1988).
El trabajo de la ONG también señala las
responsabilidades de los países donde no ocurren los asesinatos, pero que
impulsan las actividades extractivas en otras regiones. Ejemplifica con el caso
de Brasil, donde el 80 por ciento de la madera que se extrae es ilegal y sus
principales destinos son Estados Unidos, Gran Bretaña y China.
En lo que va de 2016 ya ocurrieron al menos cuatro
asesinatos más en América Latina. Berta Cáceres, líder indígena hondureña y
activista contra las represas que avasallan territorios comunitarios, fue
asesinada en marzo pasado. El 14 de junio fue asesinado el indígena Cloudione
Souza en el oeste de Brasil. La violencia fue ejercida por terratenientes que
hirieron a otros diez indígenas. El Consejo Indigenista Misionero denunció que
los pueblos originarios de ese país están sufriendo una “matanza”.
El 21 de junio pasado fue encontrado el cuerpo sin
vida de Nilce de Souza, del Movimiento de Afectados por Represas, en Puerto
Velho (norte de Brasil). Había desaparecido el 7 de enero, luego de múltiples
amenazas por su lucha contra las hidroeléctricas. Su cuerpo fue encontrado
atado de pies y manos a una gran piedra, en el mismo lago de la Usina
Hidroléctrica de Jirau, de la denunciada “Empresa de Energía Sustentable de
Brasil”.
En Honduras, el 5 de julio, fue asesinada Lesbia
Janeth Urquía, también activista en contra de las represas que se apropian de
los ríos.
“El medio ambiente empieza a convertirse en un
nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de
productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y
bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la
gente que en ella vive”, señala la investigación y destaca que en la mayoría de
los casos “claramente el Estado o las empresas están relacionados con los
asesinatos”.
En los últimos años en Argentina hubo decenas de
represiones sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Los casos
más trágicos los sufrieron, entre otros, el diaguita Javier Chocobar (asesinado
el 12 de octubre de 2009 en Tucumán), la campesina Sandra “Eli” Juárez (marzo
de 2010 en Santiago del Estero), el qom Roberto López (noviembre de 2010 en
Formosa), Cristian Ferreyra y Miguel Galván (2011 y 2012, respectivamente,
ambos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina).
La ONG señala que una constante en todos los casos
es la inacción de las autoridades judiciales y de los gobiernos para que se
investiguen exhaustivamente los delitos o se adopten medidas para proteger a
los activistas. “Existe una connivencia entre Estados y los intereses
corporativos que protege a los responsables de los asesinatos”, asegura la
investigación.
28/07/2016
*Imagen principal
con fines ilustrativos tomada de www.prensa.com
Enviado a SURCOS
Digital por Confraternidad Guanacasteca.
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