Profesores y
egresados de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela
suscribieron un pronunciamiento en el que manifiestan su firme rechazo al
proyecto del Arco Minero del Orinoco, creado a partir del Decreto Presidencial
N° 2.248 del 24 de febrero de 2016, cuya derogación exigen.
Los
profesionales de la casa de estudios destacan en el pronunciamiento que este
modelo “biopolítico transnacional de las empresas mineras” trae consigo
actividades en sí mismas violentas como la corrupción, la prostitución, el
alcoholismo, el tráfico de drogas, la violación de menores, la represión
policial y militar, sumándose así a la ola de rechazo en torno al decreto, que
ha contado con la condena de la Asamblea Nacional.
“Será
inevitable el deterioro creciente de la salud de los habitantes, la
desaparición de modos de vida y cosmogonías, así como la agudización de la
crisis eléctrica y de disponibilidad de agua dulce para toda la población
venezolana y el incremento del calentamiento global al depredar tan fundamental
territorio para el equilibrio planetario”, aseguran.
La Escuela de
Sociología explica que el decreto avanza en prescripciones más graves aún, como
lo es penalizar y prohibir derechos democráticos elementales, al penalizar la
reunión, manifestación y huelga “tendentes a la obstaculización total o
parcial” de la explotación megaminera, lo que –aseguran- es, prácticamente,
“declarar un estado de excepción permanente en esta zona del país”.
Los profesores
rechazan que no exista un estudio profundo sobre las consecuencias y critican
que se intente entrar en una especie de competición para ofrecer las mejores
condiciones a los capitales extranjeros para estimular el extractivismo.
“Convertir a Venezuela en el Potosí del siglo XXI, mediante la entrega del 12%
del territorio nacional y sus bienes comunes no es precisamente una forma
coherente de superar el modelo rentista, hasta ahora dependiente de la
extracción de petróleo”.
Texto completo:
El pasado 24
de febrero fue publicado el Decreto Presidencial N° 2.248, mediante el cual se
crea la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del
Orinoco (AMO)”, que plantea la explotación minera a gran escala, junto a unas
150 empresas de 35 países –según declaraciones del presidente del BCV–, en una
extensión de 111.843 km2, equivalente a 12% del territorio nacional. Hacemos
público nuestros considerandos y posicionamiento.
Graves e irreversibles consecuencias socio-ambientales
La creación
del A.M.O viola los artículos 120 y 123 de la CRBV, la Ley de Demarcación y
Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (enero 2001) y la Ley
Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI, diciembre 2005). Están
seriamente amenazadas culturas vivas, expresión de nuestra diversidad como
pueblo, encarnados en poblaciones que habitan en esta amplísima franja
territorial como los warao, akawayo, e´ñepa, pumé, mapoyo, kariña, arawak,
piaroa, y pemón, ye´kwana y sanemá.
La explotación
minera a gran escala emprendida en otras latitudes del planeta arrasa con los
territorios, con las arraigadas y plurales manifestaciones y prácticas
sociales, produciendo así un etnocidio imposible de prever en su magnitud.
Además, este modelo biopolítico transnacional de las empresas mineras trae
consigo actividades en sí mismas violentas como la corrupción, la prostitución,
el alcoholismo, el tráfico de drogas, la violación de menores, la represión
policial y militar.
No puede
justificarse el objetivo difuso de crecimiento de la riqueza económica a
expensas de atentar contra la vida, modos de existencia y reproducción de los
seres humanos y de la naturaleza que allí viven, no sin alteraciones y amenazas
presentes producto de la minería ilegal en territorios que el Estado ha sido
incapaz de controlar, pretendiendo hacerlo en un territorio
inconmensurablemente más extenso y con la profundización de la extracción
minera, por lo que será inevitable el deterioro creciente de la salud de los
habitantes, la desaparición de modos de vida y cosmogonías, así como la
agudización de la crisis eléctrica y de disponibilidad de agua dulce para toda
la población venezolana y el incremento del calentamiento global al depredar
tan fundamental territorio para el equilibrio planetario.
Este Decreto
2.248 que crea el A.M.O sale a luz pública sin siquiera estar soportado por
estudios que intenten refutar el irreversible, gigantesco y extensivo impacto
ambiental que se afirma generará. El principio de precaución, que resguarde la
infinitud pluriversa de vida en este territorio, está totalmente ausente en
este inédito mega proyecto minero impulsado por el gobierno nacional.
La creación y
delimitación de una Zona de Desarrollo Estratégico Nacional de forzada vocación
minera incluye en su territorio de dominio Áreas Bajo Régimen de Administración
Especial (ABRAE), el Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, la Reserva Forestal El
Caura, Monumentos Naturales como el Ichún-Guanacoco, Cerro Guiquinima y la Zona
Protectora Sur del Estado Bolívar.
Las
consecuencias que generará este proyecto están relacionadas con:
- El
incremento del calentamiento global.
- La reducción
de la biodiversidad en todas sus manifestaciones.
- La
desaparición de especies animales y vegetales.
- La
deforestación a gran escala.
- La remoción
y contaminación de extraordinarias cantidades de tierras vitales imposible de
regenerarse (extracción y envenenamiento de 700 millones de toneladas de
material en 70 años para extraer 7000 toneladas de oro).
- La
contaminación de bienes comunes como nuestros suelos, grandes pulmones
vegetales y reservorios acuíferos cada vez menos disponibles y más escasos para
las poblaciones humanas de todo el país.
Soberanía lesionada y fragmentación del territorio
En nombre de
un “interés general” que no ha sido consultado con la ciudadanía, el Decreto
2.248 lesiona el principio expresado en nuestra Constitución, la cual consagra
que la soberanía reside en el pueblo.
La magnitud y
características del proyecto minero que se pretende concretar en el 12% de
nuestro territorio (111.843,70 Km2), ha requerido para los intereses del
capital y por la envergadura del proyecto, la creación de un Estado paralelo,
desregulado en relación a las disposiciones ordinarias del Estado-Nación
venezolano. Ello a fin de que sean tomadas decisiones de facto en materia
licitatoria, laboral, legal, tributaria, de garantías sociales, entre otros
asuntos fundamentales.
Ello derivaría
en una profunda fragmentación de nuestro ordenamiento territorial y marco
jurídico nacional. Se buscaría brindar las mejores condiciones para que 150
empresas mineras puedan despojarnos de nuestros bienes comunes presentes en un
territorio con una superficie mayor a la de países como Bulgaria, Cuba,
Bélgica, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Irlanda, Suiza, El Salvador o
Costa Rica.
Prohibición y penalización de derechos democráticos.
¿Estado de excepción?
En consonancia
con las facilidades al capital transnacional, lesivas al interés nacional, los
derechos de los trabajadores y trabajadoras, y de los pueblos que habitan en
estos territorios, el decreto avanza en prescripciones más graves aún, como lo
es penalizar y prohibir derechos democráticos elementales.
El artículo 25
señala: “Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o
grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el
cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto (…) los sujetos que
ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de
las operaciones totales o parciales de las actividades productivas (…) serán
sancionados”. Y deja en claro que “los organismos de seguridad de Estado
llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal
desenvolvimiento de las actividades”.
Esto quiere
decir que cualquier organización indígena, ambientalista, obrera, comunitaria,
estudiantil, o de derechos humanos que, en la defensa de derechos organice
asambleas, movilizaciones, protestas o huelgas, será objeto de penalización,
enjuiciamiento y represión, si estas acciones son “tendentes a la
obstaculización total o parcial” de la explotación megaminera que está por
iniciarse.
Es, lisa y
llanamente, la proscripción por decreto de los derechos a reunión,
manifestación y huelga, en 12% del territorio nacional. Es, prácticamente,
declarar un estado de excepción permanente en esta zona del país.
Mención aparte
merece esa idea de considerar que cualquier reclamo de pueblos originarios,
defensores del derecho a la vida, trabajadores y trabajadoras, o comunidades,
vendría a ser apenas un “interés particular” que debe subordinarse –so pena de
ser penalizado y reprimido–a un “interés general” representado por… las
empresas mineras en asociación con el Estado.
Ausencia de consulta y debate
Otro aspecto
que no puede soslayarse, ante las magnitudes de lo que está en juego, es que se
le da rienda por la vía de un decreto presidencial, en ausencia total de
consulta y debate nacional. Las consecuencias sobre una enorme porción de la
naturaleza y recursos naturales del país, sobre los territorios indígenas, los
derechos de variados sectores de la sociedad y el interés nacional, son más que
suficientes para exigir que no se avance en ninguna política a esta escala sin
un profundo y democrático proceso de debate y consulta nacional.
Desregulación
laboral y paraísos neoliberales
La creación
del Arco Minero del Orinoco se inscribe, a su vez, en el Decreto-Ley 1.425, que
sanciona la “Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo
de la Patria”, donde se plantea la creación de “Zonas Económicas Especiales”,
cuyo objetivo es hacer más atractiva la inversión y negocios al capital
transnacional. En estas zonas las empresas son exoneradas de cumplir la
normativa laboral vigente, así como del pago de impuestos.
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Por ejemplo,
el artículo 21 del decreto del A.M.O. plantea “exoneraciones totales o
parciales del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado,
aplicables, exclusivamente a las actividades conexas a la actividad minera”.
El A.M.O. es
así parte de una política que implica una vuelta a esa modalidad que conocimos
muy bien en los 90’s del siglo pasado, donde las naciones de la periferia
capitalista competían por ver quién le ofrecía mejores “ventajas comparativas”
al capital extranjero, para “traer inversiones”, en desmedro de los derechos de
la clase trabajadora y los propios ingresos del Estado.
Profundización del modelo extractivista
La
artificialización del territorio, asumida esta como canasta de recursos,
descansa en un relato carente de sentido: la parcial y dudosa superación de un
modelo extractivo-rentista, de desindustrialización y reprimarización de
nuestra economía, mediante la profundización del mismo modelo, el
extractivismo.
Convertir a
Venezuela en el Potosí del siglo XXI, mediante la entrega del 12% del
territorio nacional y sus bienes comunes no es precisamente una forma coherente
de superar el modelo rentista, hasta ahora dependiente de la extracción de
petróleo. Las economías más dependientes son las que están sujetas a la entrega
de territorios en modalidades de enclave, extracción de recursos naturales a
gran escala, manejo y control de empresas transnacionales y subordinación a
mercados y precios internacionales. El Arco Minero del Orinoco será la garantía
para continuar el cíclico sendero de un modelo de acumulación no diversificado,
de puertos y socialmente injusto y desigual.
Por todo lo
anterior, quienes suscribimos este pronunciamiento, profesoras, profesores,
egresados y egresadas de la Escuela de Sociología de la UCV, manifestamos
nuestro firme rechazo al proyecto del A.M.O., exigimos la derogación del
Decreto que le da origen, nos proponemos sumarnos a las diversas iniciativas
que hay en desarrollo en ese sentido, al tiempo que llamamos a desarrollar una
amplio y vigoroso debate nacional al respecto.
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