La explotación intensiva planteada en uno de los motores económicos del
gobierno de Nicolás Maduro compromete la integridad de un territorio que
concentra la mayor extensión de áreas naturales protegidas de Venezuela y zonas
boscosas de la Amazonía, vitales para el planeta. La actividad en los
yacimientos afectará los ríos Paragua y Caroní, lo que comprometerá aún más, a
futuro, el funcionamiento del Guri. Advierten que ecosistemas frágiles y
comunidades indígenas corren peligro
La superficie de Venezuela que el pasado 24 de febrero se convirtió en
parte del llamado Arco Minero del Orinoco es mayor que la que ocupan países como
Bulgaria, Cuba, Islandia, Portugal y Panamá, para nombrar sólo un puñado de
naciones que no alcanzan los 111.843,70 kilómetros cuadrados que se ven
afectados por el decreto 2.248 publicado en la Gaceta Oficial 40.855.
El extenso territorio, que fue subdividido en cuatro áreas al sur del
Orinoco y que equivale al 12,2% del territorio nacional, es descrito en el
decreto firmado por el presidente Nicolás Maduro como si fuera un nuevo mito de
El Dorado en el que refulge no solamente la promesa del oro, sino también la de
minas de diamante, bauxita, coltán, hierro, cobre, caolín, dolomita y tierras
raras.
El texto con el que da por creada una zona de desarrollo estratégico
nacional menciona sólo de soslayo el impacto sobre el ambiente que tendría el
proyecto, uno de los grandes problemas que supone el propósito de explotar de
forma intensiva riquezas minerales en un área que comprende principalmente el
estado Bolívar y sectores de Amazonas y Delta Amacuro. Todos ellos son parte de
la Amazonía, es decir, de “la extensión de bosque húmedo tropical más grande
del planeta, con un área de 6 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente
35% del continente sudamericano”, como la define el último informe presentado
por la Red Amazónica de Información Ambiental Georreferenciada.
El documento recuerda la importancia de esta región para la regulación
del clima global y la esperanza que constituye su preservación para combatir
los efectos del cambio climático y el calentamiento global. “La Amazonía es
mucho más que agua y carbono, ya que es el hogar de la mayor biodiversidad a
nivel global, al albergar entre un tercio y la mitad de las formas de vida
conocidas”, indica.
“En la cuenca del Amazonas, en sentido amplio está incluido todo el sur
del Orinoco”, explica el investigador Lionel Hernández, de la Universidad
Nacional Experimental de Guayana, coautor de un estudio publicado por la
revista Science que calcula los porcentajes de peligro de extinción de la
vegetación en este territorio que vincula varios países y que concluyó que
entre 36% y 57% de las especies arbóreas del área están en peligro de
desaparecer.
“Se trata de una unidad biogeográfica, que no toma en cuenta fronteras,
porque las especies están relacionadas en su historia y su distribución.
Ninguna especie tiene que ver con la división de las cuencas hidrológicas, lo
que cuentan son los recursos que necesita para sobrevivir “, señala.
Las consecuencias que ya se prevé que tendrá la explotación minera en la
zona alarman al ex senador Alexander Luzardo, corredactor de las normas
ambientales contenidas en la Constitución aprobada en 1999. “El primer crimen
del decreto es el reduccionismo lingüístico, pues circunscribe una realidad de
una enorme complejidad ecológica simplemente a la minería, sin tomar en cuenta las
riquezas de recursos como el agua, la biodiversidad, las reservas forestales de
bosques como el Caura, con más de 5 millones de hectáreas, ni Imataca, con más
de 3,8 millones de hectáreas, además de monumentos naturales que se verán
afectados como el caso del Guanay”.
El repudio a la explotación planteada en el arco minero ha sumado voces
también del chavismo inconforme, como ocurre con la exministra del Ambiente Ana
Elisa Osorio, quien era titular de esa cartera en 2006, cuando se tomó la
decisión de revocar la concesión de la minera canadiense Gold Reserve, la misma
que ahora tendrá participación en el nuevo plan estatal. Osorio es una de las
firmantes de uno de los varios exhortos que recolecta firmas en Internet en
rechazo al proyecto, al que se califica de “ecocida y etnocida”, sobre todo por
el uso de la minería a cielo abierto, que implica la remoción de grandes
extensiones de terreno. “En los antecedentes de este tipo de explotaciones no
figuran casos en los que no se hayan causado severos daños socioambientales
irreversibles. No existe la megaminería amigable con el medio ambiente”,
sostiene el texto.
Depredación irreversible.
La
aceleración de la pérdida de cobertura boscosa que traería la aplicación al sur
del Orinoco del “motor minero”, uno de los 14 anunciados como parte de la
Agenda Económica Bolivariana, consolidaría una tendencia que ya fue observada
en el último informe de RAISG, presentado el año pasado.
Venezuela es el único país de una región que comparten Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y la Guyana francesa, donde
aumentó la tasa de deforestación entre 2010 y 2013: el país perdió 1.742
kilómetros cuadrados de bosque en ese período, que se sumaron a los 1.521
kilómetros cuadrados que resultaron devastados entre 2005 y 2010.
Aunque la disminución de superficie boscosa sigue siendo
proporcionalmente menor que la que ocurre, por ejemplo, en territorio
brasileño, Venezuela fue la única nación donde se observó una tendencia al
incremento de la deforestación, confirma Irene Zager, subdirectora de
Investigación para Sensores Remotos y SIG de Provita, la ONG venezolana que
formó parte de la medición y el análisis de los datos que se obtuvieron gracias
a la interpretación de imágenes satelitales. Los dedos acusadores apuntan a la
minería ilegal como causante del fenómeno, pues tiene un impacto mucho más
agresivo que otras actividades, como la agricultura.
Los suelos del Escudo Guayanés tienen miles de millones de años de
antigüedad y de allí viene su fragilidad, recuerda María Tina Oliveira,
directora de Investigación y Desarrollo de Provita. “Ante eventos de
deforestación, o pérdida de bosques por acción humana, habrá una gran
diferencia en cuanto a los tiempos de recuperación de la cobertura forestal
entre las distintas subregiones y la venezolana será la que más demore.
Mientras en Ecuador o Brasil, por citar dos posibilidades, el inicio de esa
recuperación se evidenciará, si se detienen las actividades destructivas, en
unos diez años, en Venezuela probablemente pasen 50, 100 años o tal vez nunca
tenga lugar”, sentencia.
No hay que esperar para ver las consecuencias, pues, además de
irreversibles, son prácticamente inmediatas, agrega. Un ejemplo claro puede
evidenciarse en el aumento de sedimentos que llegan al Guri y que tienen un
papel crucial en la crisis que palpan los venezolanos con los apagones y que el
ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, ha documentado las últimas
semanas con sus selfies desde el lecho seco del embalse.
El arco minero podría agravar esta situación. Uno de sus límites toca el
cauce del río Paragua y sus tributarios, e impacta de forma directa la cuenca
baja del Caroní, en la zona comprendida entre la frontera norte del Parque
Nacional Canaima y la llegada a la represa del Guri. La consecuencia previsible
es que se incrementará la cantidad de sedimentos que llegan hasta la represa,
factor que disminuye su capacidad para generar electricidad, puntualiza
Oliveira.
“Esto ocasiona una disminución en el volumen de agua que puede almacenar
y por tanto su capacidad para generar electricidad se ve reducida, además de
los efectos negativos que genera el aumento de los sedimentos y de los coloides
asociados a ellos en las turbinas del complejo hidroeléctrico”.
Conflicto de intereses.
Pese a
las promesas gubernamentales de llevar adelante la explotación del arco minero
de manera “respetuosa con el medio ambiente”, como aseguró Maduro en el acto de
lanzamiento del plan, los ecologistas coinciden en que la tarea luce imposible,
no sólo en Bolívar, que constituye el estado con más áreas protegidas de
Venezuela, un total de 7,2 millones de hectáreas, sino también en Amazonas y
Delta Amacuro. “Hay que ser bastante ingenuo para pensar que esas actividades
no tendrán un impacto negativo”, apunta Oliveira.
Luzardo no escatima en símiles para describir el escenario que se
avizora. “Lo que está produciéndose aquí es un Chernóbil minero: liquida
fuentes de agua dulce, biodiversidad, reservas forestales, envenena las aguas
con mercurio y cianuro, va a afectar la pesca, es un crimen horrendo”.
Oliveira añade que, en líneas generales, la minería lleva consigo el
peligro de eliminación o destrucción de diferentes tipos de ecosistemas
naturales, forestales o no, la modificación de cursos de agua y la disminución
o eliminación de especies de plantas y animales.
La explotación del oro, en particular, suele utilizar sustancias tóxicas
con efectos nocivos a corto, mediano y largo plazo, añade. “No se restringen a
la contaminación del agua, de los suelos y de las especies que viven en los
alrededores, sino que se extienden también a la salud de quienes trabajan en
esa actividad y de las poblaciones humanas que tienen contacto con el agua que
sale de esas áreas”, agrega.
Aunque las áreas que se delimitaron dentro del arco minero no incluyen
las cabeceras de los ríos más importantes del país, ocurre algo muy distinto
con el sector bajo y medio del Orinoco. Los efectos sobre las comunidades
biológicas y humanas pueden ser tremendos, alerta Oliveira. Llama la atención
sobre el peligro para los ecosistemas cercanos al delta y sobre los recursos
pesqueros que recibirían la descarga del río.
Para Luzardo, una de las peores distorsiones ha sido la creación de la
Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, adscrita
al Ministerio de Defensa. “Las Fuerzas Armadas, que tienen una función
disuasiva, estratégica, de preservación del territorio y del espacio
geográfico, con este decreto se convierten en fuerzas armadas garimpeiras”.
El lanzamiento del arco minero vino aparejado, además, con la creación
de una Zona Especial Militar para la protección de las cuatro áreas de
explotación previstas, que se formalizó pocos días después de la masacre de 17
mineros en Tumeremo. En un comunicado, la ONG de defensa de los derechos
humanos Provea denunció la eliminación de derechos de asociación y reunión que
supone el artículo 25 del decreto, que además, podría interpretarse como
proscripción del derecho a la manifestación pacífica y a huelga, pues establece
sanciones contra quienes promuevan actuaciones que obstaculicen las actividades
económicas de la zona.
Luzardo también llama la atención sobre los efectos que la apertura a la
explotación minera intensiva traería para las poblaciones indígenas. Le indignó
en particular el acto en el cual el vicepresidente del área social Jorge
Arreaza lanzó el arco minero en la población de los Pijigüaos del estado
Bolívar. “Hizo un gesto propio de los colonizadores, retratarse con los
mapoyos, una etnia a la que los embates de la historia han reducido a 400
personas y cuya lengua fue declarada recientemente patrimonio inmaterial de la
humanidad, para decir que ellos apoyan la minería, cuando sabe que en realidad
están decretando su extinción”.
Provea también cuestionó que se hayan omitido los estudios de impacto
ambiental y sociocultural que debieron realizarse antes de lanzar el proyecto,
dado el potencial daño ecológico que se avecina. También considera grave que no
se haya cumplido con la consulta “de manera previa, libre e informada a los
pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats
indígenas”, como establece el artículo 120 del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo. La lista de las etnias que se verían afectadas también
incluye a los inga, eñepá, kariña, arawak y akawako.
El rastro de El Dorado
La documentación levantada por técnicos venezolanos da cuenta de algunas
de las riquezas con las que el gobierno venezolano intenta atraer inversiones
de las cerca de 150 empresas de 35 países con las que asegura ha sostenido
reuniones sobre el “motor minero”. También da una idea de la agresiva
intervención ambiental que requiere la explotación de los yacimientos
minerales.
Alcabala tóxica:
No hay ninguna intención
gubernamental de esconder la avaricia con la que se habla de los yacimientos de
oro que se vinculan con tres de las áreas descritas en el arco minero. Tanto el
presidente Nicolás Maduro como el ministro de Energía y Petróleo Eulogio Del
Pino han asegurado que Venezuela, una vez obtenidas las certificaciones, pasará
a ser el segundo país con las mayores reservas del mineral dorado, más de 7.000
toneladas. ¿La maldición de Midas? Tienen que ser explotadas con minería a
cielo abierto de grandes dimensiones, debido a las características de las vetas
y del mineral que se quiere obtener. “Más del 90% no está libre, está asociado
con la pirita, que es sulfuro de hierro”, explica Simón Rodríguez, ex director
de Geología del Ministerio de Energía y Minas, quien recuerda que la gran mina
de oro está en el kilómetro 88, donde hay 300 millones de toneladas de roca
mineralizada. También hay un potencial riesgo ambiental en el uso de cianuro,
pues es necesario habilitar lagunas de esa sustancia, que permite recuperar el
metal.
Resurrección del metal:
Estudios
de la Orinoco Mining Company y la empresa Ferrominera del Orinoco ubicaron en
Bolívar 44 depósitos de mineral de hierro, que contienen reservas que van desde
4.000 hasta 400.000 millones de toneladas métricas. “En la actualidad la
extracción minera se concentra en los yacimientos de San Isidro y María Luisa,
porque las extracciones en el cerro Bolívar se agotaron después de más de
cuatro décadas de trabajos”, recuerda Rodríguez. La minería, en este caso, debe
hacerse también a cielo abierto a lo largo de extensos frentes de extracción.
El material que se extraería, conocido como fino, no podrá ser usado
directamente por el sector siderúrgico, sino que debe emplearse para la
elaboración de briquetas, una suerte de bloques.
Roca apetecida:
Más de 3 millardos de
kilates de diamantes que se ubicarían en el área 1 del arco minero también han
sido publicitadas como parte de las riquezas del arco minero. En las décadas de
los ochenta y los noventa hubo un “boom diamantífero”, recuerda Rodríguez,
debido a la gran cantidad de piezas que eran arrastradas por las corrientes,
tanto en el río Caroní como en el Guaniamo. Sin embargo, son las chimeneas
kimberlíticas, la roca ígnea que aloja los diamantes, la verdadera promesa. Se
han contabilizado trece, que requieren también de explotación a cielo abierto.
El oro azul:
El coltán, el mineral compuesto
de columbita y tantalita, cuyo valor para la industria electrónica lo ha
situado también en la lista de las explotaciones más apetecidas dentro del arco
minero, comenzó a hacerse familiar para muchos venezolanos en 2009, cuando el
presidente Hugo Chávez hizo referencia a la toma militar de un sector de
Bolívar para evitar su contrabando. Fue evaluado desde la década del setenta
por técnicos venezolanos, que encontraron una “intrusión”, refiere Rodríguez,
una fractura geológica en la zona conocida como el Batolito del Parguaza, que
cubre unos 50 kilómetros cuadrados. La explotación requeriría de la apertura de
minas subterráneas.
Rareza en lo profundo:
Cerca
del Manapiare, en tiempos de la creación de la Comisión de Desarrollo del Sur
impulsada por el gobierno de Rafael Caldera, los investigadores descubrieron
una herida en lo profundo del bosque, parecido al rastro de un meteorito. El
lugar fue bautizado como cerro Impacto y esconde lo que se conoce como tierras
raras: cerio, lantano, neodimio y el radiactivo torio, cuyas reservas son
superiores a 302.000 toneladas métricas, y que requeriría un gran complejo
minero a cielo abierto para su explotación, además de la apertura de vías de
comunicación hacia zonas hoy boscosas.
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