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Expertos en temas tan amplios aunque
relacionados como la preservación ambiental, la protección de los derechos
humanos y la observancia de la Constitución y las leyes, advirtieron que el
Plan de Desarrollo de Inversiones del Arco Minero, por parte del gobierno de
Miraflores, presentado este viernes con la suscripción de convenios de carácter
nacional e internacional, incurre en perjuicios contra el ecosistema, los
recursos del país y los pueblos indígenas, además de representar un acto contra
la Carta Magna.
“Lo que se está haciendo es una vulgar
entrega del país en este acto nulo e írrito pues se trata de una negociación
que no cuenta con la aprobación constitucional, que no ha sido legitimada por
la Asamblea Nacional. Se legalizan el crimen ecológico, el etnocidio y el
genocidio que henos venido denunciando”, manifestó el diputado Américo De
Grazia, de la bancada mayoritaria de la Unidad Democrática, al referirse a la
ceremonia que se realizó durante la fecha en la sede del Banco Central de
Venezuela (BCV).
El parlamentario opositor anunció que
la medida será objeto de tratamiento por parte de la comisión tripartita
-Energía y Petróleo; Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y Pueblos
Indígenas-, que preside.
“Seguiremos explorando la forma
jurídica y legal de frenar todo ese aventurerismo mercantilista y mercenario
que hoy pretende entregar nuestra soberanía y patrimonio a empresas
trasnacionales, sin cumplir con la normativa constitucional”, dijo el también
vocero del partido La Causa R (LCR), advirtiendo de los efectos contrarios que
deparará a los intereses plegados.
“Los países y las empresas que tengan
pacto con la nación al margen de la Constitución se involucran en un acto
ilegal e ilegítimo. Ellos saben que, ante los cambios que vienen pronto en
Venezuela, a propósito del referendo revocatorio y de la salida definitiva de
este régimen, tales actos se pueden declarar írritos e inconstitucionales, y
que representan obligación alguna”, aclaró el legislador, agregando que,
incluso, factores que estuvieron ligados al oficialismo -por ejemplo, los
exministros Ana Elisa Osorio y Héctor Navarro- han introducido demandas ante el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Despedazan la patria
“Se inició el desmembramiento de
Venezuela en la zona de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Esas
concesiones representan más del 12 por ciento del territorio nacional. Se
afectan, igualmente, las reservas de agua dulce potable no contaminada más
importantes ubicadas al sur del río Orinoco; la reserva forestal de
Imataca, con 3 millones 800 mil hectáreas de bosque tropical; y la del Caura,
con 5 millones de hectáreas”, afirmó, revelando que la extensión susceptible
abarca 111.846,70 kilómetros cuadrados.
Tan preocupantes palabras corresponden
a Alexander Luzardo, quien fuera senador del extinto Congreso y redactor de las
normas ambientales del vigente texto constitucional, quien calificó el Arco
Minero y al Decreto 2248 que lo sustenta como “obra de la política entreguista
de Nicolás Maduro y su banda minera de legitimación de la delincuencia minera,
integrada por el presidente del BCV; Nelson Merentes; Roberto Mirabal, ministro
de Desarrollo Minero y Ecológico; y José Khan, secretario ejecutivo de la
Comisión Presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguarda de los Derechos
de los Pueblos Indígenas”.
“Perjudica, asimismo, la mayor
inversión que el país ha hecho en energía hidroeléctrica -la cuenta estratégica
del Caroní-, de la cual depende todo el complejo de represas (Guri, Macagua I,
II y III, Caruachi), que surten más del 65 % de electricidad al país”, agregó
el experto.
El declarante especificó que “se trata
de una venta y reventa de concesiones mineras vinculada con las bolsas
internacionales, sobre todo, las canadienses, formando en un negocio inviable
económicamente. Y tampoco es que Venezuela tenga enormes reservas de oro -como
China o Rusia- sino que están empeñados en construir un rentismo minero para
sustituir, supuestamente, el rentismo petrolero”, objetó.
“Junto con violentar garantías de los
pueblos aborígenes consuma hasta un acto de traición a la patria, porque la
soberanía puede rescatarse pero la contaminación de un curso fluvial como el
Orinoco -con agentes como el mercurio y el cianuro, entre otros-, y la
depredación de las cuencas estratégicas, dejando a Venezuela sin agua, no
tendrá retorno: hablamos de un triple crimen, es decir, un genocidio, un
etnocidio y un ecocidio”, apuntó.
Diálogo de la boca pa’ afuera…
Entretanto, para el sociólogo Rafael
Uzcátegui, coordinador general de Provea (Programa Venezolano en Educación –
Acción en DD HH), es muy preocupante la nueva instrumentación al omitir dos
requisitos del texto constitucional.
“El primero de ellos es la realización
y discusión de un estudio de impacto ambiental; y, en segundo lugar, el derecho
de los pueblos indígenas, que van a ser afectados por esta actividad en su
territorio, de ser consultados de manera previa libre e informada”, aseveró.
“Si no se asumen las medidas necesarias
para mitigar los efectos de este tipo de actividad minera y extractiva sobre el
modo de vida de las comunidades originarias -y también de las poblaciones
campesinas asentadas en tales perímetros-, surgirán otras repercusiones lesivas
como la garantía al ambiente sano, las consecuencias en cuanto a agua o electricidad,
que pudieran agravar aún más la crisis en la prestación de servicios básicos”,
comentó el también periodista independiente.
Aclaró que la organización de la cual
es directivo y otras ONG no fueron consultadas en momento alguno por las
autoridades del poder central. “El gobierno habla de diálogo pero en sus
propias prácticas contradice la apertura de canales democráticos para incluir
en el diseño de sus políticas y en la toma de decisiones a los todos actores
que sean importantes y necesarios”, reclamó.
Finalmente depositó su confianza en los esfuerzos del ente unicameral.
“Creo que la Asamblea Nacional tiene un papel que cumplir porque. Aquí tenemos
un vacío legal que es la ausencia de reglamento a una ley para el proceso de
consulta previa, libre e informada. Pediríamos, igualmente, la detención de
cualquier proyecto mientras no se cumplan con las exigencias fundamentados de
la Carta Magna venezolana”, concluyó.
Correo del Caroní
Sábado, 06 Agosto 2016 00:00
La política turbia del arco ha dado mucho de qué hablar Foto Archivo
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