lunes, 2 de enero de 2017

Vergüenza en los colegios españoles: 10 millones de kilos de comida acaban en la basura - María Sánchez Sánchez

Una madre indignada impulsa la campaña #CroquetasIlegales para luchar contra el despilfarro 

¿Ha comido alguna vez croquetas ‘ilegales’? Seguro que sí, porque no son más que las que elaboramos en casa con restos de otros platos. Pues bien, este miércoles 19 de octubre han saltado de las cocinas domésticas al Congreso de los Diputados para ser degustadas por los parlamentarios. Una iniciativa que forma parte de la campaña #CroquetasIlegales promovida por una madre catalana, Cristina Romero, para aprovechar el excedente de comida procedente de comedores escolares.

"Existe el falso concepto de que la ley obliga a tirar toda la comida que sobra en los colegios", explica a BuenaVida Juan Marcos de Miguel, "pero eso es mentira. Siempre y cuando se mantenga unas condiciones de seguridad, se pueden reutilizar muchas cosas". Este experto en seguridad alimentaria y salud pública es el tercer pilar de esta campaña junto a Cristina Romero y la chef del Restaurante Semproniana Ada Parellada.

De Miquel conoció a Romero en unas ponencias en las que ambos participaron y decidió sumarse a la iniciativa porque le pareció muy interesante: "No es solo un problema económico o social, sino que supone un grave problema medioambiental", recuerda.
Aunque no existe una cifra concreta de cuánta comida se desecha en los centros educativos españoles, un estudio piloto publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en mayo de 2016 estima que "el volumen de desperdicio en los colegios de Primaria oscila entre 60 y 100 grs por alumno y comida. Ello equivale a decir que el volumen total en España -en enseñanza Primaria- es superior a los 10 millones de kilos al año".

El volumen de desperdicio en los colegios de Primaria oscila entre 60 y 100 gramos por alumno y comida, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
"Por supuesto hay alimentos como los huevos, el marisco o la pastelería que no pueden reutilizarse", señala De Miguel, "pero muchos otros que se han mantenido, y se pueden mantener, a temperaturas de conservación adecuadas se pueden volver a usar perfectamente". De Miguel pone el ejemplo de varios proyectos en esta línea que ya están en marcha en Cataluña: "Si son productos que no han bajado de 65 ºC o subido de 4º, es decir, que ha estado en los mostradores calientes o en la nevera, respectivamente, pueden congelarse, etiquetarse y transportarse convenientemente hasta las entidades sociales más cercanas".

Aunque su propuesta llega ahora el Congreso Romero, de 38 años, lleva un año involucrada en esta campaña. "Siempre he sido una persona concienciada con este asunto", pero el punto de inflexión se produjo en una reunión en el colegio de su hijo de 8 años. Allí se informó a los padres de que todos los niños -independientemente de su edad- recibirían las mismas raciones de comida en el comedor. Los alimentos que sobrasen se tirarían, por cuestiones higiénico-sanitarias, a la basura.

"Me pareció un despropósito y una vergüenza", explica Romero a BuenaVida por teléfono, "así que lo consulté con la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria y me confirmaron que efectivamente esta era la forma general de proceder, pero que había colegios que ya estaban implantando otro tipo de protocolos para evitar que tanta comida terminase en la basura".

Desde entonces, esta agente inmobiliaria y madre soltera, se ha recorrido cientos de centros escolares de distintas comunidades autónomas y ha sido invitada a charlas y conferencias para divulgar su mensaje. "Uno de los cocineros que me atendió en uno de los colegios de Girona, que llevaba trabajando en el comedor muchos años, me lo dijo muy claro: Es solo una cuestión de predisposición. Si hay voluntad, se puede hacer", recuerda Romero. "Lo que ocurre es que tanto los colegios -si son ellos quienes elaboran directamente la comida- y las empresas de cáterin prefieren minimizar los riesgos y no complicarse la vida". Para que la cadena funcione, explica, deben implicarse los centros, los ayuntamientos y los centros sociales receptores - "aunque estos últimos están deseando participar", señala Romero-.

El pasado 14 de octubre Romero registró en la plataforma Change.org su petición para modificar la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Una propuesta a la que se han sumado más de 224.000 firmas. La campaña cuenta además con los buenos resultados obtenidos a nivel regional en Cataluña: "Solo en la ciudad de Lleida, en un año, se recuperaron de seis colegios- cuatro públicos y dos privados- 9.000 raciones de comida. Si en España hay 14.000 centros escolares, el cálculo de todo lo que se podría reutilizar es sencillo".

De Miguel aporta también un dato relevante: el 50% del desperdicio de comida se produce en las casas: "La gente debería empezar por gestionarse mejor en los hogares, por ejemplo, con cosas tan basicas como planificar la compra que se va a hacer y cómo será el menú semanal".

Además de la ayuda de las instituciones y de todos los agentes implicados en la cadena de producción, el experto en seguridad alimentaria recuerda que el cambio debe residir en la formación y la divulgación: "Es fundamental la labor que desarrolláis los medios de comunicación", explica, "porque entre todos hemos conseguido que este asunto haya pasado de ser una cosa un poco folclórica, a un tema que interesa a la gente".

El cambio, señala, debe llegar de las nuevas generaciones: "Cuando yo era joven no existía el concepto de ecología. Fue una conciencia que fui adquiriendo con los años a través de mis hijas" recuerda. "Y ahora debemos hacer lo mismo. Deben ser los niños quienes eduquen a sus padres y a través de estas iniciativas todos seamos más conscientes de lo que podemos hacer. Que nos conozcamos unos a otros, receptores de alimentos y productores. Y que sepamos a dónde acudir, por ejemplo, para entregar la comida que no necesitamos".

Cristina Romero, impulsora de la petición, y Juan Marcos de Miquel, experto en seguridad alimentaria. ZIPI (EFE) / EL PAÍS VÍDEO


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