El
cambio climático somete a prueba a las organizaciones políticas. A medida que
los gobiernos desembolsen ingentes cantidades de dinero para ayudar a sus
ciudadanos a adaptarse a los nuevos patrones climáticos y recuperarse de los
desastres causados por los elementos, tendrán que asegurarse de que los
desembolsos se hagan de manera justa y equitativa. Deberán garantizar que los
vitales recursos se destinen a ayudar a la ciudadanía en general y no sean
usados para comprar votos, redistribuir el poder y desvirtuar la democracia.
A
medida que vaya empeorando el clima, esos servicios se irán haciendo cada vez
más imprescindibles.
Muchas
organizaciones no gubernamentales y diarios de Brasil han denunciado lo que han
dado en llamar la “industria de la sequía”, en la que los grandes
terratenientes y sus aliados tienen acceso a fondos de emergencia para hacer
mejoras en sus tierras y acrecentar su posición económica, en formas que no
tienen absolutamente nada que ver con la situación de emergencia.
Si
bien muchos alcaldes y funcionarios de nivel federal sinceramente desean
aminorar el sufrimiento, no están exentos de ceder a la tentación de manipular
su acceso a dinero y bienes para obtener beneficios políticos. Cuando se
produce una sequía, un alcalde debe solicitar una declaración formal del estado
de sequía por parte del gobernador, quien a su vez dirige una solicitud de
ayuda al Ministerio de Integración Nacional, de nivel federal, el cual puede
declarar una situación de emergencia o calamidad pública por un plazo de hasta
180 días y autorizar la distribución de dinero y otros recursos.
Pero
el proceso de declarar esos estados de emergencia no es objetivamente riguroso
ni está definido claramente por criterios como la cantidad de lluvia o el nivel
de humedad del suelo. Siempre existe la posibilidad de interferencias
partidistas. De hecho, en los municipios cuyo alcalde era miembro del partido
del presidente y por ende probablemente tenía contactos políticos estrechos de
alto nivel, las probabilidades de obtener una declaración de sequía durante los
dos años previos a las elecciones municipales de 2004 y 2008 aumentaron, en
promedio, en 4%. A su vez, eso hizo mejorar las probabilidades de reelección
del alcalde en aproximadamente 3%, a medida que comenzó a fluir el dinero.
A la
fecha, es relativamente escasa la labor investigativa que se ha llevado a cabo
sobre las repercusiones políticas del cambio climático. Pero esto está
comenzando a cambiar. “Las
políticas a la intemperie: sequías, partidos y resultados electorales” (“Politics
under the Weather: Droughts, parties and Electoral Outcomes”), (Bastos y
Miller, 2014) aborda el impacto del desembolso de fondos de asistencia por
sequía en Brasil. Toma en cuenta de qué manera la afiliación a un partido
político incide en la probabilidad de recibir fondos de emergencia y en qué
forma la entrega de dichos fondos afecta las perspectivas de que los alcaldes
busquen la reelección.
Los
resultados dan motivo para detenerse y pensar. Sugieren que los factores
partidistas pueden tener una influencia real a la hora de decidir quién recibe
ayuda de emergencia. Además, demuestran que recibir dicha asistencia puede
conferirle a un alcalde en funciones una ventaja real e incluso, en algunos
casos, llegar a determinar el resultado de una elección.
La
investigación del BID sugiere que los votantes agradecidos premian a los
alcaldes capaces de dar socorro en momentos de apuro, del mismo modo que le dan
la espalda a los alcaldes que luzcan inútiles o insensibles a su sufrimiento. Y
también plantea la idea de que, dado que una declaración de sequía, con los
beneficios que trae aparejados, no viene determinada por factores claramente
objetivos, hay demasiado espacio de maniobra para aprovecharse del sistema, de
modo que los integrantes del partido de gobierno se pueden ver favorecidos en
sus intentos de reelección en formas que podrían considerarse clientelares.
¿Qué
se puede hacer?
En una
primera instancia, se puede afinar el proceso de evaluación para declarar una
sequía, de tal manera que los recursos fluyan hacia las regiones más afectadas
y no hacia los líderes con los mejores contactos políticos. También se debería
mejorar los mecanismos de supervisión del financiamiento y la realización de
las elecciones, para tener la seguridad de que los beneficiarios de los fondos
de emergencia efectivamente sean los más afectados y necesitados, y no quienes
más contribuyan a las iniciativas de reelección de los alcaldes.
El
cambio climático viene seguro. Brasil, al igual que el resto del mundo, va a
tener que hacer frente a efectos del cambio climático en sus costas y en su
interior sin precedentes. El desafío radica en abordar esas amenazas en formas
que no sólo brinden a la ciudadanía seguridad física, sino que también
fortalezcan sus instituciones políticas.
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