Líderes indígenas de La Guajira denuncian el exterminio de su comunidad, que vive sin agua a la sombra de la explotación minera a cielo abierto más grande del país
Viajaron 17 horas
por carretera, algunos sin saber ni una palabra en español. Un grupo de líderes
del pueblo wayúu se trasladó desde La Guajira hasta Bogotá como una medida
desesperada para que los escuchen. Los que no saben expresarse con un vocablo
diferente al wayuunaiki –la lengua de su pueblo–estuvieron acompañados
de un intérprete, los que han aprendido castellano encabezaron la
audiencia pública que por fin les dio la posibilidad de hablar en el Congreso de
Colombia. Aunque el público era escaso, como casi siempre que se trata de
indígenas en este país, la voz de los líderes llevó de nuevo la atención hacia
los problemas que –dicen– los están
exterminando. La
falta de agua, las pocas opciones de trabajo y el despojo de su entorno debido a una
minera a cielo abierto los tiene acorralados.
En La Guajira habitan siete
etnias y la más grande, con cerca de 270.000 personas, es la wayúu. María
Cristina Figueroa es una de las líderes que viajó a la capital del país para
hablar de los problemas que afronta, casi en solitario, su pueblo. "Ya no
son las balas, pero sí es el descuido estatal el que nos está matando. Estamos
acá para hablar de los niños que se mueren de desnutrición y de enfermedades
producidas por las malas condiciones en el ambiente", dice antes de
reunirse con miembros del área de Medicina y Salud Pública de la Universidad
Nacional de Colombia, que ha respaldado el proceso de la comunidad para hacer
visibles sus padecimientos.
Uno de los
recientes informes de la institución señala que el 55% de los niños menores de
cinco años que viven allí presentan desnutrición crónica, el 14,5% de los
recién nacidos tienen bajo peso y la mortalidad materna en algunos pueblos
llega a 600 mujeres por cada 100.000 niños nacidos, la cifra más alta del país,
según la investigación de la Universidad Nacional.
Mario Hernández,
coordinador del doctorado en Salud Pública de esa institución, dice que a pesar
de que los efectos de vivir cerca de un proyecto de minería abierta, en este
caso El Cerrejón que produce anualmente 32 millones de toneladas de carbón,
están documentados en estudios internacionales, el país no le ha prestado
suficiente atención a los lamentos del pueblo wayúu. Es una comunidad que ha
estado durante muchos años expuesta a contaminantes, de todos los niveles, que
han tenido efectos sobre la salud y la calidad de vida.
Hernández señala la
"pésima" mirada con la que se han visto los problemas de los
wayúu. "Les dan mercados o ayudas que siguen sin ir al fondo de la
situación, parece que se olvidara que durante varias décadas se les ha
despojado de sus fuentes de supervivencia, de sus saberes ancestrales, ligadas
a la tierra y al agua. Hay una crisis humanitaria que podría hacer desaparecer
a un pueblo".
María Cristina
Figueroa comparte el mismo rancho con siete familias más. La falta de agua los
ha obligado a ponerse la ropa sudada varios días de la semana porque no hay con
qué lavarla y a viajar al pueblo más cercano para que algún familiar los deje
bañar, según su relato. "A veces compramos 1.000 litros de agua por 30.000
pesos (unos 16 dólares), pero eso no alcanza para mucho porque somos 16 personas,
¿quién puede estar bien así?", pregunta. Ella vive en el resguardo
Provincial, que además solo cuenta con una vía de acceso que únicamente los más
hábiles pueden pasar sin dificultad porque está atravesada por tajos de carbón.
En el informe que
presentaron en el Congreso detallaron este y otros males que los aquejan.
"Los habitantes del resguardo presentan síntomas como dolores de cabeza,
molestias nasales y para respirar, tos seca, ardor en los ojos y visión
borrosa. Las dolencias parecen agudizarse con los olores azufrados que llegan
provenientes de la quema de carbón". La comisión que viajó de La
Guajira a Bogotá no pretende que el proyecto minero de El Cerrejón que
lleva más de 35 años allí desaparezca (tiene permiso de explotación hasta
2034), pero sí pide que se midan las consecuencias de su trabajo y se tomen
medidas para minimizar al menos lo que afecta la salud.
Los reclamos del
pueblo indígena no son un capricho, en marzo pasado la
Corte Constitucional sentenció que la explotación de carbón a
cielo abierto en ese lugar afecta la salud de los pobladores y pidió la
revisión del plan de manejo ambiental para que se decida si continua vigente.
La Corte también ordenó implementar un plan de mitigación de daños con la
comunidad afectada, pero los líderes que viajaron a Bogotá para visibilizar su
drama aseguran que la sentencia del alto tribunal hasta ahora no se está
cumpliendo. "El Estado ha hecho diagnósticos, tenemos decenas de decretos
y sentencias, pero en la realidad poco se cumple. Aunque somos de los pueblos
indígenas más grandes que todavía existen, nos están exterminando y por eso
estamos acá, queremos que nos escuchen", ruega María Cristina Figueroa.
EN DEFENSA DE LA
MINERÍA
En la audiencia en el Congreso en la que se
escucharon los reclamos de los indígenas wayúu, el Gobierno colombiano hizo presencia
a través del ministerio de minería y de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA). En representación de esta entidad, Claudia González, su
directora, aseguró que El Cerrejón tiene un plan de manejo ambiental integral
estipulado desde su inicio de operación. A través de este, señaló la
funcionaria, se hace seguimiento al trabajo en la mina y transporte de carbón.
Aseguró que en los últimos años se han implementado medidas adicionales al plan
inicial del proyecto para mitigar los efectos en el medioambiente.
Sobre el cumplimiento de la reciente sentencia de
la Corte Constitucional, la funcionaria dijo que su dependencia hizo un estudio
de impactos ambientales durante los últimos 20 años de funcionamiento de la
minera, pero que el documento está en manos del Ministerio del Interior a la
espera de que se determine de qué forma se socializará con la comunidad. En su
intervención aseguró que el estudio hecho por el ANLA no incluyó un análisis
sobre el efecto en la salud de los pobladores.
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