Refugiados del Cambio Climático, el lado más débil - Agora

La vinculación entre cambio climático e inmigración es enorme y dramática. Los efectos más directos del cambio climático hacen referencia a emisiones, polución, tasas, informes, efecto invernadero, simulaciones, modelos, etc., pero al final todo se resume en personas, en vidas humanas. El cambio climático presenta una dualidad: los humanos somos al mismo tiempo protagonistas y víctimas. Este artículo pretende centrarse en las personas que se convierten en refugiados climáticos o “climigrantes” (Yusuf, 2010) a través de la consideración de sus problemas.

¿Pero existe la categoría de refugiados climáticos?

No existe consenso ni siquiera en el nombre de este tipo de desplazados, pese a que los sistemas tienden a catalogarlo todo. La principal referencia legal sobre este particular, la Convención para el estatuto de los refugiados (1951), los define  como aquella persona que “por un temor fundado o la persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un particular grupo social u opinión política, está fuera de su país nacional y es incapaz o, por ese temor, no se vale de la protección de ese país; o quien, no teniendo una nacionalidad y estando fuera del país de su anterior residencia habitual, como consecuencia de ese temor es incapaz de regresar allí”.

El problema

Un gran problema es que no existe una convención internacional acerca de los refugiados por el cambio climático y sus derechos no difieren de los que pertenecen al conjunto de la humanidad. Los refugiados climáticos merecen un estatus particular, como por ejemplo demandan Shamsuddoha y Chowdhury (2009), quienes llaman a tener en cuenta la dignidad de esos refugiados con el fin de que sean tratados como inmigrantes permanentes. dado que  forman grupos completos.

Por otra parte, la extensión de la condición de refugiado a estas personas no resulta fácil: ¿por qué es un problema asignar la etiqueta de refugiados por el cambio climático? ¿Deben ser tratados de manera distinta a como lo son los refugiados por causas políticas o económicas? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Quién es responsable de su bienestar y nueva ubicación?

El concepto “refugiado medioambiental” fue utilizado por primera vez por Lester Brown, del Worldwatch Institute, en los años setenta pero un tiempo después el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEP) lo dio a conocer ampliamente (Kniveton et al., 2008). Sin embargo, otros autores como Shamsuddoha y Chowdhury (2009) indican que el término refugiado no es correcto para los inmigrantes medioambientales. Explican que tanto el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) como la Organización Internacional para la Migración (IMO) dicen que esta palabra no tiene fundamento legal en la ley internacional del refugiado, por lo que recomiendan evitarla y así no socavar el régimen internacional para la protección de refugiados, dado que la actual aplicación se refiere a quienes escapan de sus países a causa de una persecución estatal basada en raza, religión, opinión política o etnia. Es decir, las principales objeciones provienen de la terminología legal y suelen centrarse en el hecho de que implica una causalidad única que difícilmente se encuentra en la realidad humana (Yusuf, 2010): la imposibilidad de una comunidad de permanecer en su hábitat debido a razones medioambientales y no por cualquier tipo de persecución.

Otros trabajos recuperan el debate sobre si el cambio climático es una razón sólida para catalogar a una persona o grupo como  refugiado. En su informe de 2011, UN-Habitat indicaba que es bastante difícil atribuir una sola razón a la mayor parte de los eventos migratorios y esto puede conducir a una falta de protección de esas comunidades si no son reconocidas como refugiados. Por otro lado, organizaciones como la propia UN-Habitat o la OIM (Organización Internacional para la Migración) intentan considerar al cambio climático como una amenaza para esos inmigrantes para vincularlos al estatus de refugiado. La propia ACNUR, agencia de las Naciones Unidas para el refugiado, menciona de forma expresa el cambio climático entre sus atribuciones. Otra posibilidad sería tratar la migración climática como especial porque no existe una persecución por parte de un gobierno o un grupo concreto sino la amenaza de un evento impersonal.

Los conflictos

Pero centrémonos en los problemas migratorios humanos derivados del cambio climático. Walter Kälin, Representante del Secretario General en los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internamente, desarrolló una tipología de escenarios para la migración por causas climáticas (Foster, 2007):

1.  El aumento de los desastres hidro-meteorológicos.

2.  Los planes de evacuación iniciados por los gobiernos.

3.  La degradación medioambiental y los desastres de evolución lenta.

4.  El riesgo de desaparición de los pequeños estados insulares.

5.  El riesgo de conflicto por recursos esenciales.

Estas situaciones han resultado en un enorme número de refugiados medioambientales, que seguirá creciendo hasta el punto de que está previsto que se alcance la cifra de 200 millones en 2050, diez veces más que la cifra actual (Brown, 2008).

Por otra parte, los costes de este tipo de inmigración son ingentes. Sin considerar los de tipo humano y moral, las consecuencias económicas son muy grandes, tanto para las comunidades que acogen a los inmigrantes como para estos, especialmente en términos de marginación social y política, ausencia de recursos o beneficios de bienestar social, aumento de la vulnerabilidad, trabajos precarios o inseguridad.

Mucha de esta inmigración se dirige a las ciudades, aparentemente más seguras y ricas que las áreas de las que proceden, y en particular a las megaciudades. Esta cuestión provoca un gran incremento en la población que compromete la capacidad de desarrollo de esas ciudades (Raleigh et al. 2008). La opinión de estos autores contempla la buena acogida de los inmigrantes cuando se produce una situación de demanda de trabajo inferior a la oferta que, sin embargo, varía cuando ese balance cambia de lado y son muchos más los demandantes de puestos laborales que el número de estos. En ese caso, el debate se decanta hacia la limitación de la inmigración.

De Paul (2012) insiste en que los impactos del cambio climático y la urbanización en masa crean un doble estrés en las ciudades porque se dificulta su capacidad para adaptarse a las consecuencias del cambio climático, con lo que el conflicto aparece a raíz de la competencia entre los inmigrantes y la población local (Raleigh et al. 2008). En esa coyuntura, las diferencias étnicas y económicas pueden llevar a la violencia entre grupos y los gobiernos tienen la responsabilidad, no siempre bien atendida, de manejar esta situación.

Más de la mitad de las grandes ciudades se encuentran en la costa, lo que aún agrava el problema. En 2007, por primera vez en la historia, vivía más gente en las ciudades que en las zonas rurales. Mucho más de la mitad de las poblaciones urbanas en los países en desarrollo habitan en condiciones suburbiales, en lo que se puede denominar “urbanización de pobreza” (De Paul, 2012). El problema se expande también de forma directa a las áreas de acogida.

Se necesita protección

En cuanto a las políticas colectivas de mitigación del cambio climático, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC (2014), recomienda en su último informe que los agentes individuales estén coordinados con las administraciones, corporaciones y otro tipo de asociaciones para buscar de forma coordinada las soluciones generales y no particulares de cada caso con el fin de determinar el número de acciones que se pueden llevar a cabo para proteger a las personas desplazadas por cuestiones climáticas.

Como Black et al. (2013) destacan, las consecuencias del cambio climático afectarán de forma particular a la gente más pobre porque son los más vulnerables y los que más difícil adaptación tienen, con el resultado de que aún se vuelven más pobres. El peso de este desplazamiento se agrava por la escasez de recursos de estas personas, una vez que abandonan su zona y posteriormente, cuando han recalado en su nueva ubicación. En su informe sobre asentamientos humanos, UN-Habitat (2011) explica que los inmigrantes forzados suelen ver amenazada su salud en muchos casos, su seguridad personal e incluso en algunos países afrontan un serio riesgo de ser víctimas de tráfico de seres humanos y explotación sexual.

Los inmigrantes climáticos suelen sufrir una fuerte competencia por el trabajo y no disponen de servicios sociales, con lo que se incrementa su vulnerabilidad y marginación. Desafortunadamente, los casos de xenofobia se multiplican al identificarse el deterioro de las condiciones de las ciudades con la inmigración.

Además, estos desplazamientos afectan al medio ambiente en los lugares de destino. En particular, la urbanización descontrolada y los campos o refugios temporales pueden provocar sobrecargas en el entorno, tal y como expone la OIM, además de otros factores como pobreza, falta de gobernanza, crecimiento de población, seguridad y conflictos. Con todas estas premisas, se requiere un plan de buenas prácticas para proteger a los inmigrantes de tipo medioambiental que debería llevarse a cabo a nivel intergubernament
Raleigh et al. (2008) sugieren siete puntos que pueden servir de punto de partida para diseñar un plan de medidas. Indudablemente, la principal será evitar o mitigar el cambio climático y sus efectos, entre los que se incluye la inmigración:

1.  Atención especial a cuestiones sociales, económicas y de salud.

2.  Participación de los grupos de interés en las decisiones.

3.  Estrategias de compensación para las poblaciones afectadas.

4.  Flexibilidad en las compensaciones por pérdidas.

5.  Especial dedicación a los grupos más vulnerables (ancianos, madres solteras, etc.).

6.  Control y evaluación de actividades.

7.  Plazos prácticos para el proceso.

Actuaciones: bien y mal

Un ejemplo de cómo afrontar tanto las causas como los efectos de esta clase de migración puede encontrarse en las islas del Pacífico sur, especialmente vulnerables al aumento del nivel del mar hasta el punto de que cuatro países de esa zona están formados de forma exclusiva por atolones de baja altitud, sin tierra: Kiribati, Islas Marshall, Tokelau y Vanuatu. La UNESCAP (2014) ha identificado cinco áreas de estudio para afrontar los problemas del cambio climático en esas zonas y la migración forzada: urbanas, atolones urbanos y no urbanos, comunidades costeras, de deltas y ribereñas, y zonas propensas a inundaciones. A su vez ha diseñado unos primeros planes de actuación que contemplan:

1.  La gestión de oportunidades internas e internacionales para la población migrante.

2.  La migración circular y la transmisión de conocimiento.

3.  La consideración de las consecuencias más allá del aspecto económico: sociales, culturales y psicológicas.

4.  La actualización de la información referente a territorios, cambio climático y población.

Por otro lado, conviene recordar que la migración por causas climáticas afecta no solo a los países en desarrollo. Alaska es un ejemplo de no resolución de este problema, Timmer (2013). En ese estado norteamericano, los habitantes de 12 pueblos costeros de los 31 amenazados por el aumento del nivel del mar, inundaciones por el deshielo e inestabilidad del suelo por el calentamiento global, decidieron trasladarse a zonas más protegidas. Este desplazamiento no se pudo financiar debido a que ni existía una autoridad encargada de este tipo de ayudas ni estas se podían conseguir para paliar las consecuencias de un suceso lento como el cambio climático. La paradoja es que se podía disponer de dinero para arreglar los desperfectos pero no para iniciar nuevas infraestructuras en zonas seguras.

Conclusiones

Es necesario que la comunidad internacional reconozca el estatus de refugiado como consecuencia del cambio climático y se incluya este tipo de migración forzada dentro de los programas de actuación diseñados para otros refugiados.

Los modelos climáticos se pueden utilizar como orientación para determinar de qué modo evolucionará la inmigración durante los próximos años en función de las personas que viven en las zonas más vulnerables. Sin embargo, existen incertidumbres en esos modelos desde el momento en que se contemplan diferentes escenarios en cuanto a las emisiones que deberían ser tenidos en cuenta para el futuro de los desplazamientos humanos forzados.

Incluso sin ese consenso en torno a la realidad de los “climigrantes” debe encontrarse un acuerdo global para que las autoridades se encarguen de este tipo específico de inmigración. El mundo no puede permitirse la falta de protección de la mayoría de refugiados por este motivo simplemente por una cuestión de nomenclatura. Los derechos de las personas no pueden depender del nombre de las cosas.

La planificación del desarrollo urbano debe ser reconsiderada. A día de hoy la mayoría de ciudades trabajan en función de las condiciones presentes y obvian sucesos como la recepción de inmigrantes. La adaptación tiene que ser holística y comprender aspectos tanto tangibles (espacios, infraestructuras) como intangibles (convivencia, evitar conflictos, aligerar tensiones).

Mientras no se fuerce a los estados a identificar y luchar contra los problemas especiales de este colectivo, el problema seguirá creciendo, al mismo tiempo que los efectos del cambio climático en diferentes áreas del planeta. Las ciudades necesitan políticas especiales sobre aspectos económicos, sociales y medioambientales porque su vulnerabilidad se incrementa cada vez que reciben nuevos habitantes de las inmigraciones climáticas. Las consecuencias sociales son al menos tan importantes como las económicas para esta clase de refugiados. Mientras el mundo siga dividiendo a estos grupos con el manual de la alegalidad, pocos avances se pueden esperar, dado que ni el cambio climático ni sus consecuencias humanas se están abordando con pleno compromiso.

*Imagen  de Flickr bajo licencia Creative Commons de  Ki

Referencias

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