Tras dos semanas de negociaciones y cuatro
años de trabajo desde que la Conferencia de Durban (Suráfrica) en 2011 diera un
mandato para superar el Protocolo de Kioto, ayer a las 20 horas se logró un
acuerdo histórico para la lucha contra el cambio climático.
El acuerdo supone un gran salto respecto
del protocolo de Kioto. Mientras que aquel fue suscrito únicamente por 37 países
desarrollados, en éste se comprometieron 195, incluidos los dos mayores
contaminantes, China y Estados Unidos, que no habían suscrito el de Kioto. Un
nuevo escenario de gobernanza internacional para la conservación del planeta.
La
UE ha liderado las negociaciones en un obligado compromiso por incorporar a los
países más reticentes a un acuerdo obligatorio aunque muchas de las propuestas
iniciales de la UE hayan quedado en el camino, como la financiación “adecuada y
suficiente” para los países en desarrollo que ha devenido en un aporte de recursos
financieros sobre una
base voluntaria y el objetivo de la “descarbonización” haya terminado diluido
en la fórmula de compromiso:cómputo
de emisiones de gases atenuadas por la captación de CO2. La
exigencia de Cañete de que se incorporaran en el acuerdo medidas para el
transporte marítimo y aéreo, también quedaron fuera.
Las Claves del Acuerdo
Aspectos legales
El acuerdo será vinculante, pero no serán
legalmente vinculantes los objetivos de reducción de emisiones de cada país, en
una concesión a los países como China o EEUU, para que no se quedasen fuera del
acuerdo. Y además, los objetivos que cada país se fija nacionalmente para
recortar las emisiones de gases de efecto invernadero no aparecen en el texto
como legalmente vinculantes, aunque es obligatorio presentar planes para
reducirlos o limitarlos.
El acuerdo establece que las contribuciones
se revisarán cada cinco años al alza. El primer análisis se realizará en 2018 y
la primera actualización en 2020, cuando entraría en vigor el acuerdo de París.
A los países desarrollados se les exige que reduzcan sus emisiones en sus
contribuciones nacionales. A los que no lo son, se les insta a que las limiten
o las reduzcan en función de sus capacidades.
Tal como se estableció en el segundo
borrador, de Protocolo se pasa a la denominación de Acuerdo, lo que supone
rebajar la fuerza legal del texto. El Acuerdo facilita la entrada de más
partes, pudiéndose adherir a él países hasta abril de 2017.
Límite de calentamiento global
El texto final del Acuerdo de París tiene
como objetivo principal conseguir que el aumento de la temperatura media del
planeta a final de siglo se quede “muy por debajo” de los dos grados con
respecto a los niveles preindustriales. También se apunta a que se deben hacer
esfuerzos para que “no se superen los 1,5 grados”. Los científicos del Panel de
Expertos de la ONU advierten de que la mitad de ese crédito está casi
consumido. Para 2015, el incremento rozará ya 1ºC. De hecho, si se examinan en
conjunto las contribuciones nacionales de 187 de los 195 países que han
negociado, el resultado es que la temperatura media aumentaría cerca de tres
grados al final del siglo.
Herramientas de control
Para conseguir este objetivo los países
tendrán que recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante “un
equilibrio entre las emisiones de origen antropogénico y las captaciones [de
esos gases] que hagan los sumideros”.
En el camino de las negociaciones ha
quedado el objetivo de descarbonización de la economía. Los combustibles
fósiles se libran de una censura expresa, aunque la meta de emisiones netas
cero de gases de efecto invernadero para la segunda mitad del siglo significa,
de forma efectiva, que el camino idóneo para reducir estas emisiones sea abandonar
los combustibles fósiles.
En su lugar, se apuesta por los mecanismos
de secuestro y almacenamiento de carbono, una vía que defiendieron los países
petroleros para no romper drásticamente con los combustibles fósiles. Por otra
parte, el uso de las plantaciones de bosques para la captura de CO2, inquieta a
las organizaciones de los Pueblos Indígenas, al considerarse como una carta
blanca para “privatizar y vender los bosques como compensaciones para el
carbono”, según el abogado experto en derechos humanos, Alberto Salamando.
El seguimiento del acuerdo incluye en el
texto la obligación de que los países proporcionen regularmente “un inventario
nacional” de las emisiones netas que producen: el gas que lanzan menos el que
acaba en los sumideros. También “ofrecerán la información necesaria para
evaluar si se están consiguiendo los objetivos de emisiones nacionales”. Se
perfilan tres categorías de inventarios: los de los países desarrollados, que
deberán dar una completa información; los emergentes, que tendrán una menor
exigencia; y los más pobres, que tendrán el nivel mínimo de obligaciones.
Era un punto especialmente delicado para
países como EE UU y China (los máximos emisores de CO2 del mundo). Además,
la información ofrecida por los Gobiernos tiene que ser revisada por un
experto. A cambio de ese mecanismo para “promover el cumplimiento” del acuerdo,
se subraya que no se hará de manera “intrusiva” o “punitiva” o que colisione
con la “soberanía nacional”.
Justicia climática
Para que los países con menos recursos
puedan adaptarse a los efectos del cambio climático se establece la obligación
de que exista ayuda internacional. Se ha establecido un fondo de 100.000
millones de dólares –cifra que se puede revisar anualmente- pero ha quedado
pendiente concretar cuánto debe aportar cada uno y en qué medida deben
contribuir también los emergentes. Los países desarrollados serán los
encargados de movilizar los fondos y el resto de los estados harán aportaciones
voluntarias.
Además,
en el documento se incluye la creación de un organismo internacional nuevo
dedicado a las “pérdidas y daños”; es decir, para compensar a los Estados que
se verán más afectados por las consecuencias del cambio climático, pero se
excluye cualquier reclamación de responsabilidades a los países
industrializados por lo que han contaminado. Este último aspecto, a nuestro
juicio, resulta controvertido, a la vista del carácter vinculante de los DDHH
(véase el último editorial de Agora, Otra
forma de luchar contra el cambio climático) y no exime en su caso,
de las posibles denuncias a las empresas contaminantes.
Para Greenpeace, este acuerdo no contiene
lo necesario para aquellas naciones y personas que sufren en primera
línea los impactos del cambio climático. Y considera que resulta una injusticia
en sí misma que las naciones que causaron este problema se han comprometido muy
poco para ayudar a las personas más vulnerables frente al cambio climático, que
ya están perdiendo sus vidas y medios de subsistencia.
Mercado mundial de emisiones de
carbono
Otro de los mecanismos de lucha contra el
cambio climático es la “mitigación de transferencia internacional”, esto es la
compensación de emisiones de efecto invernadero entre países, en base al mercado
de bonos de emisiones y el crecimiento limpio, o la plantación o conservación
de una masa forestal. El mercado ETS ya funciona, por ejemplo, en la Unión
Europea: los países o las industrias que superen sus límites de CO2 pueden
comprar excendentes en un mercado
Queda
mucho camino por recorrer- desde el control y una mayor transparencia de los
objetivos de emisión de gases de efecto invernadero por cada país, la búsqueda
de mecanismos efectos entre las emisiones y la capacidad de absorción del
planeta, la promoción activa por autoridades nacionales e internacionales por
las energías limpias y por un modelo productivo que abandone paulatinamente los
combustibles fósiles, el control y progresivo abandono de la financiación
bancaria de estas actividades, la protección de los bosques y sobre todo, el
control de la mercantilización y especulación con los nuevos mecanismos del
mercado mundial de emisiones. La
transición no será fácil pero sí será irreversible.
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